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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Mirar el fondo para que el campo ayude

Presentadas como un beneficio para el campo, las medidas que anuncia el Gobierno nacional sobre retenciones a las exportaciones terminan colocando nuevamente al árbol por delante del bosque que realmente debería mirar el Ejecutivo.

Según un análisis realizado por la Sociedad Rural Argentina, actualmente queda por comercializar un monto aproximado de 16,8 millones de toneladas de soja, lo cual consideran “un volumen normal y habitual para la estacionalidad de la comercialización de este producto en esta época del año. Los productores almacenan para poder obtener liquidez y un autofinanciamiento frente a los costos y las inversiones que precisa la actividad. A pesar de que el Gobierno nacional pretende que el sector acelere sus ventas, esta medida podría traer aparejado una baja en el precio pagado al productor debido a las distorsiones que generaría la temporalidad de la medida”, señalaron desde la entidad.

“Estimamos que una baja de retenciones acotada a un trimestre no expresará a pleno el mismo efecto que tiene una baja de derechos de exportación definitiva, producto de las distorsiones que genera la temporalidad. Por eso pensamos que a, pesar del menor derecho de exportación temporal, esto podría deprimir el precio de mercado del grano al productor y, por lo tanto, reducir el incentivo que le permita al productor considerar la posibilidad de adelantar su planificación y cashflow económico y financiero”, indicó la entidad.

En este sentido, la Rural aseguró que “nada indica que el instrumento propuesto pueda revertir las decisiones de ventas ya planificadas por parte de los productores en la ventana de baja de derechos de exportación, puesto que el incentivo propuesto no llegaría a compensar las posibles variaciones de precios internacionales, del tipo de cambio esperado, nuevas restricciones, ausencia de un esquema alternativo que pueda proteger la liquidez generada por ese adelanto de venta, y el deterioro que generará en los precios de mercado la misma temporalidad del incentivo”, y concluyó que la disposición es un “instrumento ineficiente y costoso, un parche que posterga la posibilidad de impulsar una solución de fondo”.

En contraposición, lo que prevé es “un beneficio para la industria y la exportación por las toneladas que tienen adquiridas y que al momento no tendrían una Declaración Jurada de Venta al Exterior (Djve) solicitada para tal fin”.

A todo esto, Daniel Pelegrina comentó: “Lo que hace falta es conocer un camino claro de cómo reducir la presión impositiva a través de un programa de gobierno. El campo tiene un programa planteado. Las retenciones van en contra de la promoción de exportaciones y de la necesidad de generar más dólares para nuestra economía. Hay desconocimiento entre los funcionarios sobre las necesidades del sector”.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) remarcaron que la medida impulsada por el Poder Ejecutivo se convierte en un estímulo para que el sector exportador liquide lo que ya tiene comprado, generando así una suerte de diferencial entre las retenciones que se le cobraron en su momento al productor y las que pagará la industria a la hora de despacharlas.

“Una baja de 3 puntos porcentuales y por un corto período solo estimulará la liquidación de aquellas toneladas en manos de los exportadores que rápidamente harán una toma de ganancias, aprovechando liquidar con un 30 % de derechos de exportación aquello que compraron descontado de un derecho del 33 % y nuevamente se habrá generado de facto un diferencial, es decir, una traslación de recursos desde el sector productivo al industrial”, señaló la entidad presidida por Jorge Chemes.

Por su parte, desde Federación Agraria (FAA) también hicieron hincapié en que esta situación beneficiará solo a los “grandes actores y exportadores”, ya que los pequeños y medianos productores se desprendieron de su cosecha pagando un 33 % de retenciones. En este sentido, durante una sesión de su Consejo Directivo, la entidad indicó que “preocupa enormemente que se esté evaluando implementar un esquema de rebajas temporales que volvería a beneficiar a los grandes actores y a los exportadores, en detrimento de los productores más chicos”.

Las distorsiones tendrán consecuencias y el asunto es que el impacto volverá a repercutir en un motor como el campo.

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