Nodio: alarma por el impacto en la libertad de expresión

La Defensoría del Público de la Nación lanzó el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio). Docentes e investigadores  de la carrera de Comunicación Social expresaron su preocupación por la negativa repercusión en la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

El Observatorio se creó con el objetivo de “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas y maliciosas”. Si bien desde la Defensoría se expresó que no es un intento de control de la información pública, las críticas no tardaron en llegar.

Para sumar voces locales al debate, el Departamento de Comunicación Institucional del Rectorado de la Unne entrevistó a especialistas de la región sobre la puesta en marcha de este organismo.

Eugenio Montero consideró que “de momento hay demasiados puntos oscuros sobre Nodio” y manifestó que aún están pendientes los informes legislativos y se presentan muchas dudas sobre su alcance y aplicación.

Por su parte, Estefanía Prokopiuk remarcó que “el control del contenido de la información no es una potestad del Estado, porque ello contradice los principios de la libertad de opinión y expresión establecidos por organismos internacionales y en nuestra Constitución”.

La profesional aclaró que más allá de las ideologías políticas, la puesta en funcionamiento del organismo merece un debate “donde diferentes actores sociales, públicos y privados, puedan expresar puntos de vistas e ideas para contribuir a controlar la desinformación y violencia simbólica”.

El Director del Departamento de Comunicación Social, Aldo Avellaneda, manifestó: “No alcanzo a ver en qué sentido el derecho a informar se ve limitado”, e indicando que los observatorios se desempeñan sobre lo ya publicado, verificando que no se lesionen derechos. 

Sin embargo, Avellaneda consideró legítimo mayores precisiones sobre el funcionamiento del organismo aunque opinó que “ni los medios de comunicación clásicos ni las redes pueden ser burbujas sobre las que no sea posible la regulación pública”.

 Avellaneda consideró necesario “el trabajo de identificación de información inexacta o que vandaliza los derechos de minorías de género, étnicas u otras”. Y remarcó la necesidad de llevar adelante tareas de articulación entre diferentes actores sociales e instituciones para enriquecer el debate público”.

En otro sentido, Gustavo Guirado consideró que no cree en la posibilidad de que “un organismo estatal pueda controlar o decidir qué es información periodística pertinente y qué no lo es”.

Destacó que “la libertad de expresión y de opinión, pilares esenciales de la prensa libre y del derecho de los ciudadanos a recibir información de interés público y decidir en libertad si quieren o no consumir noticias de un medio de comunicación o de otro”.

Estefanía Prokopiuk consideró que la iniciativa “subestima a los públicos”. “Los consumidores de medios y plataformas digitales gozan de la libertad de elegir y pensar. Además manifestó que la sociedad entiende que los periodistas se deben “regir por conductas éticas que no pueden ser impuestas por el Estado, ni por los privados, sino por cada uno de nosotros y nuestro compromiso profesional”.

Desde otra perspectiva, Avellaneda expresó que las acciones del Observatorio podría ayudar a “tener debates en mayores condiciones de igualdad o al menos disponer de otros recursos para afrontar situaciones de discriminación o estigmatización”.

Sin embargo, Montero expresó su preocupación al observar que “en la base de las “preocupaciones” por la seguridad, la violencia, las fake news y los valores está el control a los ciudadanos”.

(IRB)