La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) señaló al Estado argentino como el responsable de la impunidad sobre el atentado a la Amia, ocurrido en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, y el encubrimiento posterior. Se trata de una causa que impulsó la agrupación Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y podría terminar en una condena internacional contra nuestro país.
El caso arrancó en 1999 y al año siguiente, el Estado argentino invitó a la Cidh para que asista el juicio oral en calidad de veedor. Finalmente, el organismo designó a Claudio Grossman, quien emitió un informe sobre ese proceso.
En 2005, se llegó a un acuerdo de entendimiento y el entonces presidente Néstor Kirchner reconoció que la Argentina había incumplido con las víctimas de la Amia. El Estado argentino se comprometió, entonces, a realizar una serie de medidas para encauzar la investigación y castigar a los culpables y encubridores.
Cuatro después, Memoria Activa manifestó ante la Cidh que no se había cumplido ninguno de los puntos acordados. A partir de ese momento, el organismo siguió analizando la demanda y mandó a otro veedor al juicio oral por el encubrimiento, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2.
(AG)
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