Fiestas clandestinas: sólo en Capital y comunas cercanas son más de 1.200 los imputados

En el mismo momento en que la capital correntina regresó a fase 3 debido al aumento de casos de covid 19 y el Gobernador reconoció la existencia de circulación comunitaria del virus y anunció un endurecimiento de las restricciones, avanzan en la Justicia varias causas por fiestas clandestinas, que sólo en la Primera Circunscripción, suman más de 1.200 imputados.

Cabe destacar que son las fiscalías correccionales y de menores Nº 1 y Nº 2 de Corrientes quienes llevan adelante las múltiples causas, que incluyen además de las “desbaratadas” en Capital, a las interrumpidas en San Luis del Palmar, Itatí, San Cosme y Santa Ana. Por otra parte, sólo en uno de los casos, varios de los responsables pidieron reparación integral del daño y suspensión del juicio a prueba.

Dificultades

En este marco, desde el Poder Judicial de la Provincia brindaron algunos detalles de cómo avanzan las causas, y en este sentido manifestaron las dificultades que se generan para tomar indagatoria a los más de 1.200 imputados. Al respecto, indicaron que en ambas dependencias del Ministerio Público Fiscal toman desde hace días las declaraciones indagatorias, lo cual es “obviamente complejo por su gran número, y por las mismas restricciones que impone la pandemia”, sostuvieron.

Por otra parte, aclararon que en la medida de las posibilidades de estas dependencias, “puesto que también deben atender su cúmulo de causas”, las audiencias avanzan por videollamadas o eventualmente, en forma presencial.

Fiesta en Santa Ana

Cabe destacar que la Fiscalía Correccional Nº 2 a cargo de la doctora María Andrea González lleva adelante una de las causas más emblemáticas y que a sus vez más avanzada se encuentra. Se trata de una fiesta electrónica por la cual quedaron imputadas un total de 303 personas. El evento clandestino se concretó el fin de semana del 1 y 2 de agosto en una quinta de la Ruta 43, en el acceso a Santa Ana y fue interrumpida por la Policía.

En este sentido hay que recordar que, luego de que fueran identificados los asistentes y los organizadores responsables de ese evento, ya el 11 de agosto comenzaron las indagatorias, en un principio muchas por videollamadas, ya que los implicados permanecían aislados preventivamente.

En esa oportunidad en declaraciones a los medios, la doctora María Cristina Sánchez, titular del Juzgado Correccional N° 2, había destacado el trabajo realizado por el personal de esa dependencia, ya que “ni bien ingresó el sumario policial el viernes 7 de agosto, se procedió por Instrucción Formal, fijándose audiencias testimoniales y las 303 indagatorias”. En ese sentido había indicado que además “se libraron órdenes de allanamientos y secuestros, y las notificaciones a cada uno de los imputados y testigos se realizaron durante el sábado y domingo por llamadas a sus TEC, remitiéndoles la cédula de notificación por WhatsApp”, explicó la magistrada.

Causa avanzada

Sobre el avance de esa causa (fiesta electrónica en Santa Ana), desde la Justicia indicaron que pese a ser la que más imputados tiene, los tiempos se aceleraron debido a que se trata de la única en la que varios de los responsables solicitaron reparación integral del daño y suspensión del juicio a prueba, e incluso dos de los tres sindicados como organizadores hicieron presentaciones en este sentido (ver recuadro).

Finalmente, desde la Justicia explicaron que en todos los casos, “cuando la Policía constata una de estas reuniones ilegales a la luz de los límites de la cuarentena, se identifica a los participantes y se les hace fijar domicilio. Luego, se los cita a prestar declaración”, indicaron. 

Criterios para evitar el juicio

Una de las causas con más imputados (303 personas en total) y la que más avanzada se encuentra es la iniciada por una fiesta electrónica que se concretó en inmediaciones de la Ruta 43, en una quinta cerca del acceso a Santa Ana el fin de semana del 1 y 2 de agosto. Al respecto indicaron que el avance se pudo dar, ya que varios de los imputados solicitaron reparación integral del daño y suspensión del juicio a prueba, “tal como lo contempla el Código Penal para aquellos delitos de acción pública cuya pena no exceda los tres años de reclusión o prisión”, explicaron; agregando que incluso dos de los tres sindicados como organizadores hicieron ese tipo de presentación.

En este sentido, desde la Justicia expresaron que el criterio adoptado por la fiscal María Andrea González es que “quienes ofrezcan reparación integral del daño deban cubrir el costo, cómo mínimo, de tres hisopados al momento del hecho; en tanto, quienes pidan suspender el juicio a prueba deben realizar tareas comunitarias durante un año en alguna institución pública”, explicaron.

Por otra parte cabe destacar que en la Fiscalía Correccional N° 1, aún no se registró ningún pedido de estas características, aunque aclararon que “sí hay una causa que se distingue del resto porque se originó en un partido de fútbol”, finalizaron. 

(AB)