El Senado aprobó ayer las reformas a la ley de manejo del fuego, una controvertida iniciativa que prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas en plazos que se extienden hasta los 60 años. La iniciativa, impulsada por Máximo Kirchner, había sido aprobada la semana pasada en Diputados y hoy obtuvo la mayoría en el Senado con el impulso del oficialismo. La Cámara alta aprobó el proyecto por 41 votos a favor y 28 votos en contra. La iniciativa fue resistida por la oposición y por distintos especialistas del sector agropecuario. La principal modificación a la ley 26.816 tiene que ver con la prohibición de vender y cambiar el destino de terrenos que sufrieron incendios para evitar supuestas especulaciones vinculadas a emprendimientos inmobiliarios en las tierras afectadas.
El oficialismo asegura que los cambios introducidos protegen a los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales. Se incorporó un nuevo artículo que sostiene que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural” se prohíbe, por el término de 30 años, “cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.Además, según la iniciativa, esas prohibiciones se extenderán a 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales “a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.
Críticas
La iniciativa recibió fuertes críticas en los últimos días desde el sector agropecuario e inmobiliario. Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que la modificación de la ley del manejo del fuego “será un ataque a la esencia del sector productivo”. Y dijo: “La posibilidad de limitar o restringir a alguien su derecho de propiedad por hasta 60 años es una medida extrema, especialmente si se puede aplicar sin que se haya probado intencionalidad o culpa, y sin comprobar a ciencia cierta cómo se inició el fuego, cuáles fueron sus causas, si fueron de origen natural o si fue intencional”.
(AG)
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