Pidieron la intervención del Poder Judicial de Jujuy

El senador nacional del Frente de Todos, Guillermo Snopek, presentó un proyecto de ley para declarar la intervención federal por un año del Poder Judicial de Jujuy, que gobierna el radical de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales.

En su artículo primero, la iniciativa, a la que accedió Télam, declara “la intervención federal a la provincia de Jujuy de su Poder Judicial a fin de garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.

El proyecto surge semanas después de que se conocieran audios en los que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, Pablo Baca, dijo que la dirigente social Milagro Sala está presa “no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”.

El texto del senador Snopek dijo que el Ejecutivo nacional deberá “designar al interventor Federal del Poder Judicial” jujeño y declara en comisión a los miembros de la Corte provincial, del Ministerio Público y a los magistrados de los tribunales inferiores.

En el artículo cuarto señala que el interventor designado “no podrá ejercer por sí la función judicial pero tendrá la facultad de suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público, y la de designar a sus nuevos reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional del Poder Judicial”.

La iniciativa que Snopek presentó en la Cámara alta indica que el interventor deberá adoptar las medidas que estime necesarias para que el Poder Judicial jujeño “garantice la plena observancia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, así como los tratados internacionales de derechos humanos”.

La intervención, agrega el texto, tendrá un plazo de 365 días prorrogables por otros 365.

El senador había presentado en noviembre pasado una iniciativa de similares características argumentando que en la provincia existía “una connivencia absoluta” del Poder Judicial local “con el gobernador Morales y la Legislatura provincial”.

En ese momento el senador consideró que esa supuesta “connivencia” había generado que “a una legisladora de la oposición le allanaran el domicilio sin autorización de la Legislatura, sólo por haber opinado en contra del gobernador”.