El PJ correntino exige prisión domiciliaria para una ex intendenta

Los diversos sectores del Partido Justicialista Distrito Corrientes manifestaron su preocupación por las supuestas "irregularidades judiciales" en el caso de Angelina Lesieux, ex intendenta de Perugorría, que "permanece detenida desde hace más de dos años sin condena firme", y ratificaron el pedido de prisión domiciliaria. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también solicitó la concesión del beneficio, considerando el escenario actual de emergencia sanitaria por Covid-19. 

En un nuevo comunicado, legisladores, concejales, referentes y autoridades partidarias manifestaron su “profunda preocupación por los recientes casos en los que la justicia provincial ha resuelto en forma discriminatoria y arbitraria pedidos de otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria en el marco de la Emergencia Sanitaria y Carcelaria”. 

 “El Partido Justicialista de Corrientes, solicita el cumplimiento efectivo no sólo de la ley, sino también de los tratados internacionales aplicables en la materia”, expresa el documento.

“Sólo así haremos efectiva aplicación en nuestra provincia del concepto de justicia, entendido como el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde”, manifiesta el comunicado.

Desde el justicialismo denunciaron que “recientemente se ha denegado el otorgamiento de la prisión domiciliaria a la ex intendenta de Perugorría Angelina Lesieux, quien se encuentra detenida hace ya más de dos años a la espera del Juicio Oral que decida sobre su culpabilidad o inocencia en los hechos que se le imputan, por lo cual a la fecha goza plenamente del estado de inocencia definido por la Constitución Nacional en su artículo 18”.

“Considerando que el esposo de la señora Lesieux se encuentra también detenido, esta situación particular debería habilitar ante la justicia el beneficio de la prisión domiciliaria”, manifiesta el comunicado.  

El documento, lleva la firma del delegado normalizador Julio Sotelo, junto a las y los legisladores nacionales Ana Almirón, Carlos Mauricio Espínola, Nancy Sand, José Ruiz Aragón, Jorge Antonio Romero y las y los legisladores provinciales Félix Pacayut, Alicia Meixner, César Acevedo, Marcos Bassi, José Mórtola, Marcos Otaño, Miguel Arias, Martín Barrionuevo, Carolina Martínez Llano, Víctor Giraud, Daniel Alterats, y del Parlasur Alejandro Karlen. También se sumaron las y los concejales de capital Magda Duartes, Fabián Ríos, Soledad Pérez y Omar Molina, además del intendente de Santa Lucía “Tata” Sananez, la intendenta de Lavalle Lucrecia Vázquez y la intendenta de Pedro R. Fernández, Fabiana Acevedo.

El pedido se repite considerando la situación de los centros de detención dependientes de la provincia de Corrientes, “caracterizados por la insuficiente, vetusta y deteriorada infraestructura, se agrava -aún más – en razón de la emergencia sanitaria que cursamos, debido a la pandemia producida - en todo el mundo - por el virus denominado Covid-19”, expresa el documento.

Las y los referentes denunciaron el grave escenario institucional, sumado a la superpoblación carcelaria, situación que “ha colocado a todo el sistema penitenciario al borde de un potencial estallido sanitario debido al hacinamiento y a la falta de condiciones mínimas de higiene de quienes cumplen condena o se encuentran privados de su libertad a la espera del juicio respectivo”, manifestaron.

Paralelamente, recordaron el reciente motín producido en la Unidad Penitenciaria N°1 de la Capital, donde se han verificado dos casos positivos de coronavirus y donde la revuelta citada dejó como saldo un interno fallecido y varios agentes penitenciarios con heridas de distinta consideración.

En ese marco y considerando la emergencia, manifestaron que “la justicia provincial viene resolviendo pedidos de otorgamiento de beneficio de prisión domiciliaria, aplicando criterios disímiles y contradictorios, lo cual importa una eventual situación discriminatoria para los casos sometidos a su decisión”.

Caso Ariel Pereira

El caso se suma a otro “de igual o mayor gravedad”, señalaron las y los referentes al recordar al ex concejal de Goya Ariel Pereira, “quien a la fecha se encuentra cumpliendo la infamante e ignominiosa pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, con la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, manifestaron.

La sentencia fue calificada como “desproporcionada  y arbitraria”, sumado al carácter efectivo que le fuera impreso a la condena, pese a haberse configurado los presupuestos previstos en el artículo 26° del Código Penal. “Esto no hace más que demostrar la ilegal privación de su libertad ambulatoria que padece el ex concejal”, remarcaron.

Desde el justicialismo aseguraron además que no sólo el explícito texto de la ley, sino también toneladas de antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales abonan y franquean la procedencia absoluta de la ejecución condicional de la pena por lo que “no existe motivo alguno que impida la aplicación efectiva de tal institución”.