Detuvieron a tres personas por amenazar a funcionarios judiciales y a una periodista

Detuvieron a dos mujeres y un hombre acusados de amenazar de muerte a funcionarios judiciales y a una periodista de la localidad de Curuzú Cuatiá en el marco de una disputa judicial por la administración de la fortuna de Atilio Eugenio Güenaga, propietario del establecimiento rural denominado “Flor de María”, ubicado en la Cuarta Sección Rural Paraje “Avalos” del departamento de Curuzú Cuatiá y quien fue asesinado en el 2011.

Las personas imputadas fueron identificadas como Alejandra Itatí Flores (quien sería autora), Ludmila Ayelen Güenaga y Gabriel Canteros (quienes habrían actuado como cómplices). Se los acusa de los delitos de amenazas coactivas anónimas agravadas en concurso real (dos hechos) en concurso ideal con infracción a la libertad de expresión, previstos por los artículos 149 ter inc. 1, 149 ter inc. 2º apartados a) y b) y 161 del Código Penal.

Según publica el portal de noticias Diario de Curuzú, todo comenzó en febrero de este año cuando la Directora del periódico “Cultura” de esa ciudad, Sra. Azucena Cáceres de Grebe, comenzó a recibir amenazas anónimas que pretendían impedir la publicación de ciertos contenidos.

Luego dichas intimidaciones también se dirigieron nada más ni nada menos que a la Asesora de Menores local Dra. María del Carmen Trombotto Jramoy. Los delincuentes anunciaban la futura realización de cruentos daños si la víctima no accedía a realizar sus demandas. Los términos amenazantes incluían el homicidio de un niño hijo de la mencionada funcionaria y también deslizaban futuros daños y ataques hacia la persona del Juez de Instrucción y Correccional Dr. Martín José Vega y la Jueza en lo Civil, Comercial y Laboral Dra. M. Cristina Rodríguez De León.

Desde el inicio de los episodios, los investigadores pudieron establecer el círculo de sospechosos y los motivos por los cuales se ejecutaron las amenazas. Atilio Eugenio Güenaga fue víctima de un brutal y horrendo asesinato el día 17 de agosto del  2011 mientras se encontraba durmiendo en la estancia mencionada. Desde ese momento comenzó una disputa judicial entre las personas que se consideran con derecho a administrar y disponer de los bienes que fueran de la víctima del homicidio.

Quienes efectuaron las amenazas recientes pretenden que la autoridad judicial amenazada dictamine en forma favorable a sus intereses y que la periodista responsable del medio de comunicación no publique cuestiones contrarias a sus intereses.

Ante la gravedad de los sucesos se requirió la colaboración de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, que destinó personal y tecnología especializada para el esclarecimiento de los hechos.

 En los últimos días los investigadores pudieron determinar con precisión tanto los teléfonos como los lugares desde donde se enviaron los mensajes amenazadores, individualizando a los sospechosos con un nivel muy elevado de precisión.

Al tomarse noticia de los resultados de la investigación la Fiscal de Instrucción local, Dra. Maria Alejandra Talamona requirió la inmediata detención de las personas involucradas en los graves ilícitos perpetrados, así como todas las medidas del caso para resguardar el curso futuro de las investigaciones.

El día 29 de abril pasado en horas de la noche se produjo la captura de las personas imputadas, que ya han sido indagadas por parte de la Magistrada que interviene en la causa Dra. Teresa del N. J. Oria de Gauna, y continuarán detenidas en atención a la gravedad de las conductas por las que están acusadas y las serias sospechas sobre la peligrosidad que representan.

Consultadas fuentes confiables relacionadas con la investigación han sostenido que los autores y cómplices de las maniobras quieren torcer la recta e imparcial administración de justicia echando mano a los métodos más siniestros y perversos, que no sólo implican un atentado a la integridad de las víctimas en particular, sino también una grave afrenta al normal desenvolvimiento de instituciones esenciales de la República como son la administración de Justicia y el funcionamiento de la Prensa Libre. Por ello a los delitos acusados por la Fiscal le corresponden penas que oscilan entre los cinco años de prisión como mínimo y veinte años como máximo.

Se sostiene que se trata de un claro atentado tanto a la integridad, libertad y serenidad de las víctimas individuales, como al normal y correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y que no escapa al criterio de las personas que investigan el caso que existe un trasfondo de disputa económica que reconoce su origen en el atroz homicidio de la persona sobre cuyos bienes actualmente se desarrolla una controversia judicial.

Asimismo, se ha resaltado que la vileza de las acciones se puede verificar en los anuncios de asesinar a menores, los niños hijos de los funcionarios judiciales damnificados, detallando hasta el método que utilizarían para tan siniestro propósito.

(NG)