Anticipan que pedirán a la Justicia que investigue a la actual gestión comunal

“Hasta el 30 de junio de este mes el cuerpo deliberativo de Perugorría tiene plazo para aprobar el balance municipal del año pasado. Después de esa fecha, si los concejales de la oposición no realizan una denuncia formal sobre lo sucedido con las rendiciones del 2018, lo haré yo”, planteó un poblador de la localidad, Walter Sosa, quien sostuvo que además de ser contador  (matrícula 2353) presenció las sesiones que durante el 2019 se realizaron para evaluar los ingresos y egresos de la Comuna. Consultado al respecto, el intendente Juan Ramón Castellanos sostuvo que el balance está aprobado y que los cuestionamientos son para intentar ensuciar su gestión.

En diálogo con El Litoral, Sosa expresó que “además de ser un ciudadano y tener derecho a saber sobre la administración de los fondos públicos, soy contador y por eso me pareció que lo mejor era concurrir a las sesiones en las que se trató el balance del 2018. Considerando que el del 2017 ya fue aprobado pese a que estaba incompleto porque el actual intendente sólo rindió lo referente a los 21 días que fueron parte de la primera parte de su gestión. Unicamente sobre ese período se expidió el auditor externo, cuando en realidad entiendo que él debía revisar el 2017 completo y en todo caso dejar constancia que faltaba documentación”.

Pero más allá de lo sucedido en el inicio de la actual gestión municipal, consideró que lo más grave sucedió durante el 2018. “Resulta que en el tramo final del año pasado, en el recinto municipal comenzaron a analizar las rendiciones. Y allí los concejales empezaron a observar diferentes errores técnicos que desde mi punto de vista constituyen una aberración contable”, manifestó Sosa. Tras lo cual, entre otros ejemplos, comentó: “Había una planilla en la que estaban detalladas todas las personas que pagaron sus impuestos. Sumando todo, la recaudación era de unos $3 millones. Sin embargo, en la misma documentación enviada al Concejo decía que, en concepto de recaudación propia, se depositaron en el banco unos $2 millones. Es decir, había una diferencia cercana al millón de pesos”.

Ante el pedido de revisión por parte de los ediles, “desde la Municipalidad dijeron que se trató de un error en el sistema”.

Después de “hacer esa supuesta corrección, equiparando los montos que figuraban en la planilla de pago de impuestos y de depósito en la entidad bancaria, enviaron nuevamente el balance al cuerpo deliberativo”, afirmó Sosa. Asimismo, agregó que “no fue el único cambio”.

“Era todo tan contradictorio que en la anteúltima sesión del año pasado, los dos concejales del oficialismo querían aprobar un balance y los de la oposición, otro. Finalmente, no sucedió ninguna de las dos cosas. Y esto lo sé porque participé de la sesión”, graficó. 

Aprobación doble

En tanto, remarcó que “lamentablemente, en la primera sesión ordinaria de este año (2020), cambiaron de día y como no sabía, no pude concurrir. Y justo en esa jornada sucedieron dos cosas contradictorias: primero, se aprobó un pedido de informes por cuestiones que no estaban claras en el balance del 2018, y eso fue por unanimidad. Después, el oficialismo impuso su mayoría y aprobó ese mismo balance”.

A su vez, sostuvo “no entiendo cómo se puede avalar algo sobre lo que existen objeciones”.

En este punto, aclaró que si bien los dos ediles de la oposición no dieron su visto bueno al balance del 2018, “hasta ahora no habrían presentado una denuncia para que la Justicia investigue. Y uno de sus deberes como ediles es precisamente controlar”, consideró Sosa. Por eso, adelantó que si los citados legislativos no realizan la presentación judicial correspondiente, “lo haré yo como ciudadano”.

Por su parte, Castellanos expresó que “el balance del 2018 está aprobado. En breve está previsto que mandemos el del 2019. No hay nada irregular en la administración de los fondos. Hay quienes hacen circular ciertas versiones que ponen en duda la administración de los fondos, pero es sólo para tratar de ensuciarme”.

(CC)