Salud Pública recibirá un vehículo incautado en una causa de narcotráfico 

La Justicia Federal decidió entregarle al Ministerio de Salud Pública de Corrientes un vehículo decomisado en el marco de una causa por narcotráfico, con el fin de destinarlo a los esfuerzos sanitarios ante la pandemia de covid-19. 

Se trata de una Renault Kangoo utilizada para trasladar marihuana y que había sido secuestrada por la Gendarmería en un operativo de prevención y seguridad vial en el control fijo Paraje “Cuay Grande”, en la localidad de Santo Tomé, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes.

Ahora pasó al Ministerio de Salud Pública de Corrientes, al área de Coordinación de Políticas Sanitarias a cargo de Alfredo Revidatti.

El fallo dictado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes está en línea con lo solicitado por los fiscales Carlos Schaefer, a cargo de la Fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), con la colaboración de la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes a cargo de María del Carmen Chena.

La resolución indica que el vehículo debe ser destinado "específicamente para ser utilizado en el sistema de salud de la provincia de Corrientes para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del Covid-19, con el objeto de proteger la salud pública”.

La entrega se pudo realizar luego del decomiso definitivo del vehículo, ya que el caso tiene sentencia tras un juicio abreviado del 27 de mayo de este año. Allí se supo que dentro de la camioneta se transportaban 77 paquetes de marihuana.

La Fiscalía General, la PROCUNAR y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes señalaron en su dictamen que, de acuerdo a las “particulares y excepcionales circunstancias sanitarias que son de público conocimiento”, solicitaban que el vehículo se destinara específicamente al sistema de salud de la provincia para “hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, con el objetivo de proteger la salud pública”.

“No podemos dejar de advertir que el legislador al penalizar los hechos relacionados con el comercio de estupefacientes, tuvo en miras precisamente la tutela de la salud pública, bien jurídico que se encuentra actualmente en crisis por la gravedad y dinamismo de la pandemia global del virus COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, que afecta en estos momentos a la República Argentina, generando un riesgo cierto de colapso al sistema de salud de nuestro país”, remarcaron.

En base a esto, pidieron que el vehículo se entregue “provisoriamente y en carácter de depositario judicial a las autoridades provinciales que las pudieran necesitar” y con el objetivo de que agentes de los servicios de salud, desarrollo social, seguridad y/u otros servicios esenciales “puedan efectuar el traslado de personas y demás elementos a los fines de hacer frente a la emergencia sanitaria”.