En una jugada múltiple para ganar tiempo, la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa pidió a la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, que derogue un dictamen que impide a procesados recibir beneficios impositivos, mientras esperan que la mayoría K del Congreso sancione la ley de moratoria que le dará ventajas al grupo Indalo para enfrenar una deuda impositiva total de más de 10 mil millones de pesos.
Por un lado, los abogados de los empresarios K quieren que la titular de la Afip revoque el dictamen jurídico de marzo de este año emitido por el jefe de la División Cobranzas Judiciales y Sumarios de la Dirección de Operaciones de Grandes Contribuyentes, doctor Miguel Alberto Moreno. El dictamen sostiene que la Afip no debe dar un plan de facilidades de pago a empresas del grupo Indalo porque sus principales accionistas están procesados en la causa por fraude al Estado a través de la retención del impuesto al combustible (ITC) que se encuentra en juicio oral y público. El dictamen concluye que no pueden acceder a ese beneficio porque De Sousa y Cristóbal López “se encuentran procesados en el marco de la causa N° 4.943/16 por los delitos previstos en los artículos 173, inciso 7, y 174, inciso 5 del Código Penal”.
En cambio, el abogado defensor Eduardo Favier Dubois sostuvo que esos antecedentes “se refieren solo a las personas procesadas y no a las sociedades que estas pudieran integrar o ser propietarios o ser beneficiarios finales”. El letrado sostiene que esa negativa se basa en otro “dictamen emitido por las máximas áreas asesoras del organismo, que no es identificado, en que se habría sostenido que el procesamiento de un directivo implica excluir a la sociedad contribuyente del acceso al plan y que la norma no contempla como excepciones la transferencia de la titularidad de las acciones ni la separación de los directivos que hayan actuado al momento del hecho delictivo”, entre otros argumentos.
(AG)
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