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/Ellitoral.com.ar/ Nacional

Piden indagatoria del ex titular de la Afip

El fiscal Guillermo Marijuán pidió ayer ante la jueza María Servini que declare en indagatoria el ex titular de la Afip, Alberto Abad, en el marco de la causa en la que investiga presuntas presiones del gobierno de Mauricio Macri contra los dueños del Grupo Indalo.

Tanto Cristóbal López como su socio Fabián De Sousa denunciaron ante la Justicia que sufrieron presiones y amenazas por parte de funcionarios y allegados al gobierno anterior. En esa causa ya fueron imputados el empresario Orlando “Orly” Terranova e Ignacio Rosner.

Marijuán pidió la indagatoria de Abad para que declare “respecto de los sucesos que tuvieron lugar mientras ocupaba el cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en tanto habrían importado un desvío funcional en miras a cumplir con el objetivo de perjudicar a las empresas del Grupo Indalo”.

La causa comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba preso. Allí acusó a Macri y funcionarios de su gobierno por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado.

Según declaró De Sousa, la Afip hizo una falsa denuncia en el juzgado en lo Penal Económico 11, imputándoles el delito de insolvencia fiscal fraudulenta; en el marco de esa causa el organismo recaudador “habría obtenido decenas de allanamientos en las sedes de las sociedades del Grupo Indalo, ampliamente difundidas por los medios de comunicación y que generaron severas consecuencias económicas”.

De hecho, De Sousa acusó a Abad de hacer una conferencia de prensa para explicar lo que denominó “la operatoria del Grupo Indalo, en la que afirmó falsamente que la sociedad Oil Combustibles SA retenía los impuestos que pagaban los consumidores”.

En la denuncia también se menciona una disposición del ex titular de la Afip, de noviembre de 2016, por la cual le prohibió a Oil Combustibles SA acogerse a los beneficios de la ley 27.260, que acordaba un plan de moratoria de hasta noventa cuotas mensuales al que podía ingresarse con un pago mínimo del capital adeudado (del 5% al 15%).

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