“Es importante que internet pase a ser un bien público”

El presidente Alberto Fernández recurrió a un decreto de necesidad y urgencia para sumar los servicios de telecomunicaciones a la nómina de bien público, como lo son el acceso al agua, la energía o el transporte. El delegado por Corrientes del Ente Nacional de Comunicaciones, Isidro Braillard en diálogo con El Litoral, compartió sus reflexiones sobre el impacto de la medida y aseguró que la iniciativa para los correntinos es “significativa”.

“Es una demanda constante de la población que el Estado tenga más control sobre el servicio de las empresas”, expresó Braillard. Aunque no está definida la reglamentación, considera que el impacto para los correntinos será trascendental debido a “la posibilidad de garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables”.

“En Corrientes el 82% de las personas tiene algún abono de celular, sea el prepago básico o el premium”, precisó. “También hay que considerar que 4 de cada 10, es decir sólo el 38% de los hogares, tiene una banda ancha mayor a 5 megas de conectividad, es recién a partir de este rango que la conexión permite a las personas estudiar y trabajar desde sus casas”.

El crecimiento de la demanda de internet tuvo picos de hasta el 64% en el último semestre, en comparación con el mismo período del 2019, según reportó la Cámara Argentina de Internet. Desde marzo, la adopción masiva del teletrabajo, las clases virtuales y el crecimiento exponencial de contenidos de entretenimiento demandaron el aumento del consumo del ancho de banda, poniendo a prueba la infraestructura de las redes de internet en todo el país.

Actividades laborales y el sistema educativo en su totalidad se volcaron a las pantallas. “Son contados con los dedos de las manos las instituciones que en Corrientes pudieron seguir funcionando con normalidad sólo desde plataformas digitales”, comentó Braillard respecto a la urgencia del acceso para “garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables”, según versa el DNU.

El decreto promulgado por Alberto Fernández consta de dos partes. La primera de impacto a corto plazo, que congela los precios de los servicios hasta el 31 de diciembre de este año en el marco de las demandas, frenando el aumento previsto para septiembre. La segunda, viene a transformar sustancialmente el vínculo entre el sector privado y el sector público. 

Parte de la fundamentación del DNU se basa en considerar el acceso a las TICs como un derecho humano, vinculado al derecho a la información y considerado dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, un tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país. Sin embargo, ante la inminente regulación e intervención estatal, empresarios del sector manifestaron su rechazo y alertaron sobre la pérdida de inversiones y las negativas consecuencias que pueden esperarse en la calidad del servicio.

(IRB)