Piden custodia para una nena acosada por su vecino

Una nena de 12 años tuvo que irse de su casa por el acoso de un vecino condenado por violación en Tucumán. “Me da mucho miedo encontrar a mi hija muerta”, dice Eliana Barrionuevo. La madre declaró en la fiscalía y cuenta que la custodia policial que llegó ayer se retiró a las dos horas, “justo cuando se fueron los canales de televisión”. El martes último, tras 20 días de intentar que le tomaran la denuncia, mandó a “Sofía”, su hija de 12 años, a la casa de un familiar: el vecino de la casa de al lado, de 71 años, la acosa desde que fue beneficiado con prisión domiciliaria en el marco de la pandemia por coronavirus.

El hombre, Gregorio Evaristo Leiva, fue condenado en 2017 por abuso sexual agravado por violar a su propia hija, a quien dejó embarazada cuando tenía 14 años y luego la obligó a parir. Cuando la joven lo denunció penalmente, el hombre permaneció un mes prófugo antes de que lo capturaran en Santiago del Estero. La propia familia Barrionuevo lo había denunciado hace más de cinco años por robo.

El acoso a “Sofía” -no es su nombre real- empezó el 27 junio, relata Barrionuevo, aunque recién pudo radicar la primera denuncia el 11 de agosto, luego de que la comisaría de la ciudad de Alderetes se negara a hacerlo en la primera oportunidad y comenzara un rally por otras dependencias, que incluyeron hasta al Patronato de Liberados. “Me mandaban de acá para allá”, explicó a Clarín.

Leiva “se obsesionó” con “Sofía”, cuenta su mamá: la llamaba a los gritos y la espiaba cada vez que salía al patio, la nena estaba encerrada en su propia casa y no podía dormir si no era en la misma habitación con ella. “El esperaba siempre a que yo me fuera a trabajar, que yo salgo todo el día, para empezar a acosarla, algunas cosas que le decía son innombrables”, cuenta Barrionuevo.

Los días pasaron sin que se tomara ninguna medida de protección y en la comisaría le explicaban que la causa la tenía la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que ellos tenían que actuar. Cuando concurrió al lugar, se encontró con que la dependencia estaba cerrada al público por la pandemia y solo funcionaba de manera remota. Redactó todo lo que había pasado y juntó firmas de vecinos, pero, al intentar cargar el texto, no pudo hacerlo porque no tenía representación legal.

“El martes, la volvió a acosar y me agoté. La mandé fuera de la casa y llamé a los medios, solo ahí recibí respuesta y me llamaron a declarar”, contó la mujer a Clarín. El Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia Contra la Mujer, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, se puso a disposición de la familia y la Fiscalía le tomó declaración ayer y solicitó al juez de Instrucción de feria medidas de protección y a la Policía, que dispusiera custodia en el domicilio.

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