El lugar que merecen las víctimas

Todo incremento del número de delitos tiene un correlato directo en el aumento de la cantidad de víctimas. Aunque la razón de ser de cualquier sistema judicial gira en torno a ellas, en la práctica, sus derechos muchas veces no solo son desconocidos, sino -lo que es más grave aún- ignorados para quienes, por sus funciones, deberían asistirlos.

En la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funciona desde 2017 el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos. Cuentan con la línea telefónica 149, de atención durante las 24 horas. Una breve enumeración de estos derechos incluye, entre otros, el patrocinio jurídico gratuito, que les tomen las denuncias, que respeten su intimidad y que reciban un trato digno, además de protección para familiares y testigos, y asistencia para su recuperación psíquica, física y social.

Aprobada también en 2017, la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos enfrenta el discriminatorio efecto zaffaroniano, que acota el foco a la persona del delincuente y que, por razones marcadamente ideológicas, aleja a las víctimas de la mirada de jueces, fiscales y abogados. Basta pensar en que, antes de la ley, las víctimas ni siquiera tenían derecho a ser informadas sobre el desarrollo de los procesos, menos aún a ser notificadas sobre excarcelaciones o beneficios para sus victimarios, quienes, en reiteradas ocasiones, al ser liberados, comenzaban a amenazarlas, al responsabilizarlas por su detención. Rechazadas desde las mismas mesas de entrada, la ley les negaba expresamente la posibilidad de saber qué destino había tenido su denuncia. Afortunadamente, hoy la ley es de aplicación obligatoria, pero si quienes deben instrumentarla no la conocen o si los operadores del sistema de Justicia no están imbuidos de su espíritu, de nada sirve. Hay que desandar muchos años de camino y educar en consecuencia, además de remontar visiones equivocadas sobre el papel que les cabe a las víctimas.

El Observatorio de Víctimas, en el Congreso, advierte que ese vocablo no existe en la formación universitaria. La institución brinda capacitaciones en todo el país para distintos niveles de la actividad judicial y otorga un lugar relevante al testimonio de las víctimas.

Celebramos que, por primera vez, la materia Derechos de las Víctimas ocupe un lugar en la currícula de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aunque breve, optativo, de dos meses, para alumnos de la especialización en Derecho Penal, una de cuyas calurosas impulsoras fue la jueza Sandra Arroyo Salgado. Las numerosas asociaciones de víctimas con denodada actuación en el país luchan por hacer oír su voz y reconocen el valor de llegar a ámbitos tan propicios como los claustros en los que precisamente se forman los profesionales del derecho. Este tipo de iniciativas pueden constituir un comienzo auspicioso para cambiar una mentalidad muy arraigada, que solo tiene en cuenta la situación del imputado.

Las víctimas son actores involuntarios dentro de una trama de delito y justicia en la que no eligieron estar y pretenden recibir un trato digno y consideración acorde. No reclaman venganza ni pena de muerte, solo piden poder participar y ser escuchados en los procesos. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre y no caer tampoco en la arbitraria construcción de falsas víctimas como las que proponen tendenciosamente quienes apañan a delincuentes o terroristas. Pensemos si no en el triste olvido en el que han caído las verdaderas víctimas de la violencia de los 70 en nuestro país, por las que el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) trabaja incansablemente.

Las voces de las familias exigen que el paso del tiempo no reste fuerza ni validez a sus justos reclamos. Demandan ser escuchadas antes de cada decisión dentro del proceso penal y cada vez que se decida sobre la libertad de un condenado o imputado. Empatizar con su dolor nos obliga a revisar años de errores y de silencios. Crear conciencia entre los funcionarios y brindarles las herramientas para que puedan atender debidamente a las víctimas implica incluir la referida materia en su formación, como un punto de partida para promover un cambio de los arquetipos actuales. Lejos de ser optativa, la memoria de quienes perdieron la vida impone que sea obligatoria para todos los programas.