Un manotazo de fondos

La disminución por decreto del porcentaje de coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) para ayudar al distrito bonaerense dispuesta por el presidente Alberto Fernández, es una nueva muestra del criterio centralista y discrecional que impera en la relación Nación-provincias y que con frecuencia responde a objetivos netamente partidarios.

El uso político de los fondos distribuidos a las provincias se remonta a muchos años, aunque quedó especialmente de manifiesto con las abultadas transferencias del Estado nacional al distrito que gobierna Axel Kicillof en lo que va del año. Y se tornó más visible aún con la decisión adoptada por el presidente de quitarle un punto de coparticipación a los porteños con el pretexto de que se debía poner fin al conflicto con la policía bonaerense por demandas salariales. La arbitraria reducción de los fondos a la Caba es la comprobación de la concentración de poder imperante. Deben condenarse estos procederes contrarios a las sanas prácticas republicanas que demandan el aval del Congreso, y que nos alejan de la república para conducirnos hacia una peligrosa autocracia. La hipotética automaticidad del régimen de coparticipación es eludida de varias formas, y en general ese proceder responde a algún propósito político del Poder Ejecutivo Nacional. Cabe recordar la desusada proporción de fondos recibidos por La Rioja durante el gobierno de Carlos Menem, o la asignada a Santa Cruz en la gestión kirchnerista. Así como ha habido favoritismos por provincia de origen, se pueden encontrar numerosos casos de castigos o premios relacionados con votaciones legislativas según el deseo presidencial. Es característica la negociación de leyes en el Congreso exponiendo la zanahoria y el garrote, o sea, aumentar o retacear la transferencia de fondos.

El régimen de coparticipación está regido por la Ley 23.548, sancionada en 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. La reforma constitucional de 1994 incluyó una cláusula transitoria que exigía una reforma del régimen no después de 1996, pero este mandato no ha sido cumplido. En 2019 la distribución automática de fondos le dio un 40 % a la Nación y un 60 % a las provincias. El actual régimen favorece a las provincias menos desarrolladas y desfavorece a la provincia de Buenos Aires y a la Caba, si se compara la magnitud de los impuestos nacionales recaudados en sus territorios con lo que les retorna por la coparticipación. Esta falencia se intentó corregir en el distrito bonaerense con la creación, en 1992, del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, alimentado con el 10 % de lo recaudado por el impuesto a las ganancias. En esta medida influyó el peso político nacional en ese momento de Eduardo Duhalde. Esta circunstancia se modificó y en 1996 se decidió mantener en adelante el monto nominal de 650 millones de pesos. La inflación posterior se encargó de diluir esa suma hasta que, en 2016, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal reclamó ante la Corte y logró su actualización gradual en tres años. Kicillof debería expresarle su agradecimiento, en lugar de quejarse por haber encontrado “tierra arrasada”.

Ahora, la provincia se beneficiará con la quita que se le hará al “opulento” distrito porteño, según la lamentable definición que dio Alberto Fernández. Llamativamente, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso, considerando su participación en la producción total del país, la Caba solo recibía el 31 % de lo que aportaba a la coparticipación. Con la reciente decisión presidencial, la ciudad perderá otros 9 puntos.

Esta disputa agrega razones para impulsar una reforma del sistema impositivo que se oriente hacia la correspondencia fiscal. Esto es, que el gobernante que gasta sea responsable de recaudar los impuestos que financian su gasto. Una reforma de este tipo sería políticamente posible, siempre que se prevea un fondo de distribución horizontal entre provincias para permitir un empalme con la situación existente. Pero a partir de allí quedarían correctamente alineados los incentivos para que los gobiernos provinciales y municipales gasten menos y más eficientemente.

Esta reforma es imprescindible para dejar atrás la decadencia relativa de la Argentina. La salida no puede pasar por la generación de nuevas grietas, como la que parece querer desatar el presidente entre los pobres del conurbano y los supuestamente “ricos” de la Capital Federal. Si el Gobierno nacional sigue transitando por este camino, no podrán esperarse resultados diferentes.