La salud de la república

Había pasado poco más de un mes desde la disposición del aislamiento social por el covid-19 en nuestro país cuando, en el orden internacional, empezaban a escucharse numerosas voces de destacados organismos y personalidades que alertaban sobre los peligros que implica para la democracia la brutal concentración de poder que estaban procurándose y logrando algunos gobernantes.

Mientras la mirada y el esfuerzo de la mayor parte del mundo se orientaban cada vez más a contener a la población, a buscar mecanismos para la protección de los ciudadanos y mejorar los sistemas sanitarios, en no pocos países autoridades de marcada raíz autoritaria aprovechaban -y siguen aprovechando- la pandemia para cercenar derechos, arremetiendo contra la división de poderes y, por ende, horadando las instituciones republicanas.

Algunos gobiernos llegaron incluso a excederse de manera injustificada e injustificable en las medidas de prevención y tratamiento de la pandemia. En ciertos casos no solo se determinaron sanciones desproporcionadas para quienes necesitaban de manera imperiosa trasladarse de un lugar a otro, sino que se cortaron caminos, se cerraron rutas de manera inconstitucional y se pretendió aprovechar el encierro de la ciudadanía para avasallar los congresos y sacar del camino a jueces que, como en nuestro caso, investigaban graves delitos en los que están imputados funcionarios de altísimo nivel.

Nuestro país viene contribuyendo con esos malos ejemplos, por el uso de decretos de necesidad y urgencia estando el Congreso en funciones. Uno de los casos más absurdos, nocivos y totalmente ajenos al tratamiento de la pandemia fue el DNU por el cual se pretendió intervenir la empresa Vicentin, con el agravante de que ya estaba siendo investigada en el ámbito judicial. Otro tanto se pretendió hacer con la concesionaria Edesur. En nombre de la pandemia, la excarcelación de presos comunes peligrosos, que volvieron a delinquir una vez fuera de la cárcel, se unió a la de políticos presos, amigos del poder, acusados de corrupción. El Congreso avanzó con una lamentable iniciativa tendiente a reformar parte de la Justicia con el evidente propósito de allanar el camino a la impunidad de varios dirigentes políticos. Se separaron magistrados de sus cargos y hasta comenzó a analizarse la posible reforma de la Corte Suprema de Justicia. Está visto cuán lejos de las prioridades ciudadanas están hoy los intereses de parte de nuestra dirigencia. En respuesta a semejantes atropellos y para protestar por los reiterados abusos de poder, un sector importante de la ciudadanía salió reiteradamente a las calles y solo recibió críticas y chicanas de parte de funcionarios y de simpatizantes de las sesgadas políticas del Gobierno.

No hay límites infranqueables para quienes están dispuestos a todo. Ni sanitarios, ni morales, ni éticos. Resulta inexplicable, y por demás penoso, que la pandemia haya sido y sea considerada por algunos dirigentes como un cheque en blanco para avanzar sobre las libertades de las personas y en contra de la institucionalidad.

Los visibles ataques a la democracia se expresan en pérdidas de derechos fundamentales, en mayores índices de pobreza e indigencia, en escasez de servicios, destrucción de empleos, afectaciones a la vida comunitaria y al sistema productivo.

La educación se deteriora a pesar de los esfuerzos de padres, alumnos y maestros; la seguridad se resiente; peligra la atención de la salud, y la incertidumbre genera un sentimiento de desprotección. El futuro se vuelve oscuro.

Ya en los principios de esta prolongada cuarentena, la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestaba su fuerte preocupación por los reiterados ataques a las democracias y daba a conocer una guía entre sus países miembros para que estuvieran alertas frente a posibles tentaciones discrecionales.

Ese manual de buenas prácticas incluía la necesidad de salvaguardar el orden constitucional y el Estado de derecho, entre otros aspectos. Y en esa línea, el lunes pasado, una declaración conjunta de organizaciones y exmandatarios se tituló “Cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia”. 

Sobreponernos y adaptarnos a la crítica situación sanitaria debe ser una meta, pero no la única. La salud de la república también está en juego. Es necesario defender la democracia de los abusos de poder.