Hay indicadores que dan cuenta de que para el gobierno de Alberto Fernández la lucha contra el avance del narcotráfico y la criminalidad organizada dejó de ser prioridad. Uno de ellos tuvo que ver con la disolución de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico y con las altisonantes declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien se pronunció en favor de la legalización del consumo de drogas “blandas” y de evaluar más adelante su extensión al resto de los estupefacientes, al tiempo que cuestionó al anterior gobierno por criminalizar las fronteras, perseguir consumidores y comprar recetas foráneas para combatir al crimen organizado.
Toda esta involución de la actual política de seguridad, cada vez más ideologizada, no ha sido inocua. Por el contrario, comienza a mostrar pésimos y magros resultados en la materia, con consecuencias sociales que costará cada vez más erradicar.
La reciente incautación de 23 toneladas de cocaína en puertos de Alemania y Bélgica de barcos que partieron de la Argentina es un ejemplo. Estas megaexportaciones se cargaron en barcazas desde Paraguay, se trasladaron a barcos de bandera panameña en Buenos Aires y de allí partieron a Europa con una parte que tenía como destino final a Israel. Es el cargamento incautado más grande de la historia que haya pasado por la Argentina rumbo al exterior. Además del desprestigio que esto genera para la confianza en los sistemas de seguridad, tanto de Aduanas como de las fuerzas de seguridad nacional, se trata de un ejemplo claro de la falta de foco y énfasis en la lucha contra el narcotráfico.
Otro hecho destacable tuvo que ver con el ocultamiento de un cargamento de cocaína en latas de pinturas en Paraguay, que recorrió miles de kilómetros de hidrovía, se desembarcó de barcazas y embarcó en un barco panameño en el puerto de Buenos Aires sin ningún control. La hidrovía ha sido foco de denuncias sobre tráfico de estupefacientes desde hace décadas, habiendo sido Elisa Carrió una de las principales denunciantes.
Se ha perdido el control de las bandas criminales que operan en zona de fronteras, como de aquellas más violentas responsables del narcomenudeo en grandes ciudades. Estas decisiones sólo pueden empeorar la situación de criminalidad general en dichas zonas. El caso más paradigmático es el de Rosario, que en 2020 registró un récord de asesinatos a pesar de la pandemia y de la estricta cuarentena que abarcó a todo el país. Sin embargo, la situación narco se desbocó y se registraron 212 homicidios en el año, con un aumento interanual del 26 %, la cifra más alta de homicidios en dicha ciudad desde 2014.
El recientemente publicado informe anual que emite el Departamento de Estado norteamericano muestra preocupación por el deterioro en la política contra el narcotráfico y afirma que “la Argentina ha dejado de ser tan solo un país de tránsito para transformarse en un país de consumo y exportador de estupefacientes y de precursores químicos”. Agrega una inquietud por las grandes incautaciones de drogas y de dinero en efectivo en zonas fronterizas calientes, incluso en períodos de restricciones por la pandemia, y señala que “el uso intensivo de efectivo y la presencia de un gran sector informal de la economía crean oportunidades para que los delincuentes blanqueen los beneficios del comercio de productos ilícitos, en especial de las drogas ilegales”.
La falta de foco, resultante de posiciones ideologizadas y alejadas de las buenas prácticas y de la intensidad que impone la investigación en el terreno, genera malos resultados. Lo que es peor, transmiten a las organizaciones criminales locales y trasnacionales la sensación de que es muy fácil operar a través de la Argentina, con la trágica secuela de muerte y destrucción para los argentinos y extranjeros que habitan en nuestro territorio.
Es necesario contar con políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, que resulten en un apoyo para las fuerzas de seguridad, y que terminen generando mejores resultados para la sociedad. El haber abandonado esa senda comienza a evidenciar resultados alarmantes, llamados a empeorar si no se recupera la iniciativa del Estado nacional en la lucha contra el narcotráfico, y en colaboración con las provincias, para erradicar de una vez por todas este flagelo antes de que sea demasiado tarde.
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