El juez de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, procesó a una banda de narcotraficantes, cuyos líderes operaban desde una cárcel en el Chaco y montaron un boliche en la provincia de Misiones.
La investigación judicial reconstruyó que dos grupos implicados comercializaban marihuana, cocaína, hachís y éxtasis que ingresaba generalmente del extranjero, productos que eran enviados a distintos puntos del país mediante encomiendas. Justamente tras la intercepción en Corrientes de un paquete que iba a Tierra del Fuego, en agosto del 2021, se iniciaron las actuaciones.
Mediante las escuchas, los investigadores policiales y judiciales pudieron establecer que todo se coordinaba desde la cárcel Federal de Chaco. Allí identificaron a tres implicados, todos con antecedentes por delitos federales.
Entre ellos está Juan Marcos Brites (30), quien cumple una condena a seis años de cárcel por mandar marihuana mediante encomiendas desde la localidad turística a diferentes puntos de Argentina.
Los detenidos por este caso son once (tres de ellos ya lo estaban desde antes), quienes en las últimas semanas recibieron varias novedades respecto del avance de la causa.
Al detalle, se dictaminó su procesamiento con prisión preventiva y resolvió que el caso siga siendo investigado en Corrientes, luego de que el juez de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, se declarara incompetente al considerar que el expediente debería ser llevado adelante por su par de Eldorado, el juez Miguel Ángel Guerrero.
De todas formas, la instrucción continuó y pocos días antes de la decisión del órgano de alzada, el 13 de julio, el juez dictó el procesamiento con prisión preventiva para los involucrados. Fresneda procesó a once personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y transporte de estupefaciente agravado por el número de personas intervinientes.
Asimismo, dos de los hombres fueron procesados como líderes de la organización y el delito usura, al tiempo que uno de ellos también lo fue por confabulación para el narcotráfico. Una ciudadana venezolana quedó formalmente acusada por tenencia de arma de fuego sin la debida autorización y usura, informó el diario El Territorio.
Además, a estos cinco sospechosos también se los acusa como coautores de lavado de activos de origen delictivo. Al respecto, el juez trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir las sumas de 800.000 y 2 millones de pesos.
El caso
La investigación se inició el 4 de agosto de 2021, cuando personal del Escuadrón 57 de Santo Tomé de la Gendarmería Nacional interceptó una encomienda del Correo Argentino en cuyo interior se encontraron 4,144 kilogramos de marihuana, acondicionados en cuatro cartones de leche y ocultos en prendas de vestir desgastadas.
Al constatar los datos del paquete, surgió que era remitido por una joven de la ciudad de Posadas y tenía como destinataria una mujer que vivía en la ciudad de La Rioja.
Sin embargo, el documento de la supuesta destinataria pertenecía, en realidad, a un hombre con antecedentes penales por narcotráfico.
La investigación avanzó y estableció que en Puerto Iguazú operaban dos grupos criminales transnacionales dedicados al tráfico ilícito de marihuana, cocaína, hachís y éxtasis.
La droga se adquiría en Paraguay, ingresaba a Argentina a través de pasos no habilitados y luego se comercializaba en la zona o se distribuía a distintas provincias, mediante encomiendas.
Las ganancias permitieron a uno de los grupos invertir el dinero en el montaje de un boliche, aunque nunca pudieron explotarlo: la fecha de su apertura, con la presencia de un reconocido Dj, estaba prevista para el 14 de mayo, justo el día que se hicieron los allanamientos. En las redes del local, que no fueron cerradas, hay solo dos publicaciones promocionando la inauguración.
Asimismo, la figura “usura” se debe a que los pesquisas pudieron determinar que con la plata ilegal también hacían préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.
(NG)
