Tras el DNU y sus promesas sobre la digitalización, el gobierno de Javier Milei puso en revisión un total de 141 registros de la propiedad automotor a lo largo del país que ya estaban intervenidos. Se revisarán sus cuentas y luego se decidirá el futuro de cada interventor.
Eso es solo el primer paso: el plan apunta a auditar todos los registros intervenidos. En una segunda etapa, también se examinarían los últimos concursos y las designaciones más recientes.
Aunque los números son dinámicos, porque casi a diario hay licencias por enfermedad o muerte, de los 1554 registros que hay en el país, alrededor de un 40% está en manos de interventores. Son designaciones transitorias, que pueden ser revocadas con una sola firma.
La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro, y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior.
Ese universo de los registros fue el primer objetivo del gobierno de Milei.
El viernes pasado, el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, firmó una resolución y puso en revisión esos 141 registros que ya estaban intervenidos.
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