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/Ellitoral.com.ar/ Edición Nacional

La ola de delitos

La ola de delitos que se abate sobre la Capital Federal y el conurbano bonaerense ha sido el tema casi excluyente en la agenda mediática de los últimos días.

Pero más allá de la discusión sobre el aumento de la criminalidad, lo que conmueve es el carácter sangriento que acompaña a las acciones delictivas.

A los secuestros express, a los saqueos de departamentos y viviendas, se consignan ahora hechos que por su violencia conmocionan a una opinión pública, que en la mayoría de los casos termina aceptando como receta mágica ora un inmediato endurecimiento de las penas para los delitos graves, ora la sanción de nuevas leyes para combatir el crimen.

Es pues la violencia, el menosprecio por la vida lo que inquieta. Ya no el simple arrebato. Ya no el simple temor de perder bienes materiales, sino, por sobre todo, el miedo a poner en riesgo el bien más valioso que es el propio cuerpo y la propia vida.

A pesar de ello, el Ministerio del Interior niega terminantemente que exista un aumento en los índices de inseguridad. Para fundamentar esta tesis, el titular de esa cartera, Aníbal Fernández, sostiene que el índice de homicidios en Capital y el GBA es de 6 por cada 100.000 habitantes, cifra que, ciertamente, contrasta con las de otras latitudes. Así, el estado de San Pablo, Brasil, ostenta un índice de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Ciudad de México tiene 20 homicidios por la misma cantidad de personas.

Pero según la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, la evolución de la tasa delictiva habría pasado en el período 1991-2004 de 1.484 a 3.430 casos diarios, teniendo como pico máximo los 3.697 casos registrados en 2002.

De estos datos pueden extraerse dos conclusiones. La primera es que la percepción de la inseguridad en la población urbana tiene un elocuente fundamento estadístico. La segunda es que la más que duplicación de la tasa delictiva entre 1991 y 2004 corre de manera paralela con el período de mayor descenso social que registre la historia argentina, con tasas de desempleo récord, aumento sideral de los índices de pobreza e indigencia y la destrucción de sus sistemas de salud y educación.

Por otra parte, son los sectores sociales bajos los que más padecen la inseguridad. Al respecto, un reciente informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) da cuenta de que el número de homicidios en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires duplica a los registrados en la zona norte. Proporción que no se ve reflejada en la súbita "aparición" de esta ola de crímenes.

Entra aquí a tallar el arte de prestidigitación de los medios de comunicación, con su enorme capacidad para instalar temas en la agenda pública. Es decir, si un crimen no aparece en la prensa, directamente no existe. De donde podría colegirse el disparate de que, entonces, la delincuencia está controlada.

Pero estos artilugios nos revelan que el éxito en la lucha contra la inseguridad sin duda no dependerá de lo que digan los diarios o de recetas simplificadas destinadas a combatir el delito. Antes bien, la inseguridad debe concebirse como un mal social cuya complejidad excede el marco policial. Como las estadísticas lo demuestran, el deterioro socioeconómico de la Argentina de los últimos lustros ha coincidido con el crecimiento de las tasas de criminalidad. Tener en cuenta esta variable es entonces fundamental. De lo contrario, la respuesta desde el derecho punitivo será solamente una condición necesaria, pero no suficiente, para arribar finalmente a la resolución del problema.

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