Republicanismo y oportunismo

Gestión. Si hay una palabra que hoy por hoy está en boca de todos es justamente esa. Una especie de curalotodo, de conjuro, que los políticos y funcionarios exhiben en sus discursos para subir en las encuestas y también para demostrar ante la sociedad que los cargos públicos hay que justificarlos eficiencia mediante.

A ese argumento recurrió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para defender el polémico proyecto de reforma de la Ley 24.156 de Administración Financiera que el oficialismo apura en el Parlamento. El cambio daría luz verde a la Jefatura de Gabinete para reestructurar las partidas del Presupuesto que es aprobado todos los años por el Congreso de la Nación.

Como era de esperar, la idea ha merecido el repudio de la oposición, que promete cerrar filas para impedir su aprobación. Otro tanto ocurre por estas horas con el proyecto de ley reglamentario de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que ha abierto un nuevo frente de batalla en el Parlamento.

A la cabeza de todo el arco opositor, Mauricio Macri y Elisa Carrió espetan al Gobierno la intención de arrogarse facultades legislativas, algo expresamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional.

En el caso de los "superpoderes", la disputa proviene de la interpretación del artículo 100 de la Constitución Nacional (CN), que otorga al jefe de Gabinete la facultad de administrar y ejecutar el Presupuesto de la Nación. En ese sentido, el Gobierno entiende que manejar partidas del presupuesto aprobado caería dentro de esa función. No obstante, el artículo 75, CN, establece como atribución del Congreso fijar el Presupuesto anual de la Nación sobre la base del programa de gobierno. En la misma dirección, la Ley 24.156 consigna en su artículo 37 que los cambios de distribución en las finalidades de los gastos son decisiones que corresponden al Congreso.

Obviamente, detrás del tecnicismo se esconden intencionalidades políticas. Ocurre que las facultades extraordinarias que reclama Alberto Fernández no son más extraordinarias que las que otrora demandaran las administraciones de Menem, De la Rúa y Duhalde. Tampoco muchas más de las que disponen en la actualidad numerosos gobiernos provinciales. Por tanto, lo cuestionable en este punto es que los superpoderes de marras fueron votados en su momento por legisladores que, ya en el ámbito de sus respectivas provincias, ya en el orden federal, hoy pretenden mostrarse ante la opinión pública como los grandes paladines de la República.

Desde ya, esto no releva de responsabilidades al Gobierno. Más allá del tremendismo apocalíptico que se escucha por estos días, el nudo gordiano estriba en la tensión existente entre una administración eficaz y el uso que se da a ese argumento para perpetuar un estado de excepción. En toda república perfecta, los superpoderes y los DNU aparecen justamente en situaciones extraordinarias, como en casos de emergencia económica o social.

Sin embargo en la Argentina han sido una vocación permanente de todos los gobiernos. La excusa ha sido casi siempre la precariedad de la gobernabilidad, argumento que, a caballo de la eficiencia y eficacia de la administración, se ha presentado invariablemente como justificativo. Es decir, se esgrime una razón técnica instrumental que a la postre no hecho otra cosa que minar las premisas deliberativas sobre las que descansa la función del Congreso, ya de por sí degradadas por las calidades de los representantes. Pero los hombres pasan y las instituciones son las que quedan. Por eso, nada obsta a que el Parlamento reclame legítimamente, y en nombre del pueblo argentino, a quien representa, el control de los dineros públicos.