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STJ fijó audiencia por el conflicto de poderes en San Miguel

STJ fijó audiencia por el conflicto de poderes en San Miguel

En la causa “GONZALEZ ALICIA BEATRIZ INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL C/ CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MIGUEL S/CONFLICTO DE PODERES”, el STJ resolvió poner fecha a la audiencia para oir a las partes, tras declarar la competencia originaria y exclusiva para entender en el caso. La misma será el viernes 4 de noviembre a las 10 horas en la Corte Provincial.

La intendente de la comuna González promovió una acción contra el Concejo Deliberante de San Miguel, solicitando se declarara la nulidad por inconstitucionalidad de las Ordenanzas N° 151/16 y N ° 152/16 que insistían al margen de lo previsto en la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades en la aprobación de ordenanzas vetadas por el Departamento Ejecutivo.

Los Ministros entendieron que en la causa estaban reunidos los presupuestos indispensables para su admisibilidad formal en esta instancia, habida cuenta que se trataba –según la documental adjuntada- de un conflicto jurídico sobre la conformación de las mayorías en el Concejo Deliberante y la validez de las decisiones adoptadas por dicho Cuerpo, en particular, respecto de cuestiones presupuestarias y su contralor.

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STJ fijó audiencia por el conflicto de poderes en San Miguel

En la causa “GONZALEZ ALICIA BEATRIZ INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL C/ CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MIGUEL S/CONFLICTO DE PODERES”, el STJ resolvió poner fecha a la audiencia para oir a las partes, tras declarar la competencia originaria y exclusiva para entender en el caso. La misma será el viernes 4 de noviembre a las 10 horas en la Corte Provincial.

La intendente de la comuna González promovió una acción contra el Concejo Deliberante de San Miguel, solicitando se declarara la nulidad por inconstitucionalidad de las Ordenanzas N° 151/16 y N ° 152/16 que insistían al margen de lo previsto en la Constitución provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades en la aprobación de ordenanzas vetadas por el Departamento Ejecutivo.

Los Ministros entendieron que en la causa estaban reunidos los presupuestos indispensables para su admisibilidad formal en esta instancia, habida cuenta que se trataba –según la documental adjuntada- de un conflicto jurídico sobre la conformación de las mayorías en el Concejo Deliberante y la validez de las decisiones adoptadas por dicho Cuerpo, en particular, respecto de cuestiones presupuestarias y su contralor.

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