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/Ellitoral.com.ar/ Nacional

Caso Marita Verón: condenaron a los hermanos Ale a 10 años de prisión

Los hermanos Rubén "La Chancha" Ale y Ángel "El Mono" Ale fueron condenados este lunes a 10 años de prisión, al ser considerados culpables de liderar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la trata de personas con fines de explotación sexual y el narcotráfico, entre otros delitos.

En tanto, María Jesús Rivero, ex esposa de "La Chancha", otra de las consideradas cabecillas de la organización criminal, deberá cumplir una pena de seis años de cárcel, según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), integrado por los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Domingo José Batule.

Los magistrados también ordenaron un embargo en los bienes de los hermanos Ale por un monto superior a los $ 8 millones cada uno. Es el equivalente al doble de lo que, según la justicia, lavaron fruto de su accionar delictivo.

También recibieron condenas otros 10 miembros del denominado "Clan Ale": Fabián González y Carlos Ocampo (siete años), Víctor Suárez y César Manca (seis años): Enrique Chanampa, José Lucero y Ernesto Catulo (cuatro años); Valeria Bestán, Julia Esther Picone y María Florencia Cuño (tres años). Por su parte, Oscar Dilascio, Sergio Parrado y el ex policía Hernán Lazarte fueron absueltos.

Por decisión del tribunal, los condenados cumplirán su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, hasta tanto la sentencia quede firme.

Los integrantes del "Clan Ale" fueron apuntados por Susana Trimarco como los responsables de la desaparición de su hija, María de los Ángeles "Marita" Verón, ocurrida en 2002. De hecho, fue una denuncia realizada por Trimarco la que desencadenó el proceso judicial que hoy terminó con la condena de los integrantes de la organización criminal.

Tras la lectura del fallo, hubo llantos y gritos por parte de los familiares de los Ale en la sala, que estuvo fuertemente custodiada por personal de Gendarmería Nacional.

Graves acusaciones

El fiscal Pablo Camuña y los representantes de la querella: Gabriel Merola y Martín Orali Ugrotte (de la Unidad de Investigación Fiscal-UIF) y Mónica Molina (abogada de la AFIP) habían pedido penas de entre 2 y 13 años y multas por más de $ 300 millones contra los imputados. En tanto, los defensores habían pedido que sean absueltos.

"Se probó la existencia y el funcionamiento de una vasta organización criminal, histórica en la provincia, que desarrolló diversos planes delictivos durante más de una década. De esas actividades obtuvo ingentes ganancias y activos, a punto tal que tuvo que generar una subestructura cuya función fue la de colocar esos bienes en la economía legal, es decir, el lavado de activos", había expuesto en su alegato el fiscal Camuña.

En tanto, Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quien actuó como fiscal general durante el juicio, sostuvo que el gran poderío económico de la organización delictiva liderada por los hermanos Ale "le otorgó la posibilidad de crecimiento en infraestructura y la permanencia en el tiempo". 

Y advirtió que "las actividades delictivas de singular gravedad, como el narcotráfico y la trata de personas, fueron las fuentes generadoras de ganancias para la organización criminal, las que se utilizaron no sólo para acrecentar el patrimonio de sus miembros". Según Pérez Barberá, esas actividades ilícitas también les permitieron a los Ale "lograr el sustento y robustecimiento de las actividades comerciales desempeñadas, como es -en el caso de Adolfo Ale- la agricultura, la actividad vinculada con la industria azucarera, la flota de remises de la empresa Cinco Estrellas, la instalación de locales de juego y azar, la adquisición de campos para alquiler y/o siembra, así como la adquisición de diversos bienes -en cabeza propia y de terceros-, que administró en el tiempo, mientras duró su tenencia".

La Nación

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