Cómo tocar el bolsillo de los delincuentes

Por Juan Manuel Laprovitta

@juanmalapro

De la Redacción

En mayo de 2013 después de una investigación desarrollada por la Justicia Federal de Paso de los Libres, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a siete años de prisión a Pedro “Beto” Sánchez por lavado de dinero proveniente de actividades inconfesables. Como por ejemplo la venta de droga y otras ocupaciones del métier mafioso.

Además del secuestro de 5 autos, en esa causa la Justicia decomisó un campo –“El haragán”- ubicado entre Bonpland y Parada Pucheta sobre la Ruta 14, un motel y dos locales donde funcionaban prostíbulos que explotaban sexualmente a víctimas de trata y hasta una escuela privada que Sánchez le mandó a construir a su pareja -e integrante de la banda- en la localidad misionera de Candelaria, según la investigación, con dinero que provenía de sus ilegales actividades con fines de lucro.

Ese instituto, llamado “Crisol Universal”, sigue funcionando y la orden de la Justicia fue ponerlo en manos del Estado, que a su vez lo pasó a la Iglesia. Asimismo, los campos y los locales, incluido el hotel alojamiento instalado en Paso de los Libres, irán a remate.

En los hechos, la trama jurídica que permite sacar de las manos de los delincuentes un inventario de bienes que los adornaban hasta la opulencia, y pasarlos al Estado, es lo que se conoce como la extinción de dominio.

Está escrita en un proyecto de ley alojado entre los decibeles de una discusión larguísima en el Congreso de la Nación.

El del “Comandante” Sánchez es solamente un ejemplo, de una ristra de casos en los que incluso antes de llegar a sentencia los vehículos, inmuebles y otras delicias del equipamiento delictivo pasan al Estado mediante cláusulas de jueces y fiscales.

Paso de los Libres enriquece ese catálogo. El generoso salón de ventas de la agencia de autos Aguirre Automotores es uno de los locales más emblemáticos: su titular, Ricardo Aguirre, está procesado en dos causas, por trata y explotación sexual de personas y lavado y contrabando de divisas.

Según la jueza que maneja esos expedientes, Cristina Pozzer Penzo, ese lugar debería ser utilizado para beneficio de las víctimas de los delitos que cometían los abonados a esas bandas.

Santo Tomé tiene lo suyo: después del juicio por los “Narcoaviones”, la Justicia Federal a través de una resolución del fiscal Carlos Schaefer dispuso que dos campos que suman 7.400 hectáreas en el borde oriental de la provincia (Santa Ursula y Santa María del Aguapey), pasen al Poder Ejecutivo de la Nación, para que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) entre otros, realicen sus actividades.

La reutilización de las propiedades y otros dotes de las mafias estriba allí en el fin social.

Pero el tema asume ahora un giro que afectaría aun más los bolsillos de los delincuentes. Con ejemplos llevados a la prensa metropolitana desde la provincia de Misiones a partir del caso “Maderos narcos”, el de las bandas dedicadas al contrabando de droga representa uno de los hechos malditos para las finanzas de las fuerzas, por los costosos dispositivos de seguridad y sobre todo de traslado que implica tener a disposición de la Justicia un detenido.

Un cálculo que hacen en escritorios federales indica que cada preso le cuesta al Estado 20.000 pesos. Si bien hay condiciones de detención que no hablan precisamente de ese monto sino de mucho menos, el dinero que insumen principalmente los traslados es lo que más erosiona las cuentas de las fuerzas.

Una de las fuerzas federales por ejemplo, estimó que sólo en comidas y atenciones médicas, un interno significa un gasto mensual de 15.000 pesos en Corrientes, a los que habría que sumar otros asuntos de la vida sin libertad. Desde un juzgado incluso hicieron saber que a los acondicionamientos que merece todo lugar de reclusión, como cualquier edificio, hay detenidos que a servicios básicos como la energía eléctrica suman a sus pedidos un sistema de cable para ver televisión.

El acarreo a declaraciones y otros trámites a los juzgados desde las delegaciones de las fuerzas (en la provincia de Corrientes no hay unidades del Servicio Penitenciario Federal) suman un importe considerable en los cálculos. Y como para dimensionar un magistrado enumeró 40 traslados solamente en el mes de enero.

Para afrontar esas erogaciones, el Ministerio de Seguridad de la Nación, con precedentes judiciales que se remiten al cumplimiento del Código Procesal Penal, ordenó a las fuerzas a juntar cada ticket y factura que surja de los procedimientos de seguridad para que los detenidos vayan a los estrados a comparecer.

Se trata de la resolución 48 firmada este año en la cartera que conduce Patricia Bullrich, para que luego de sumar las facturas, de combustible, sobre todo, sean entregadas a los jueces de las causas para que esos gastos se imputen a los internos.

La necesidad de mejorar más que nada el parque automotor con el que se envía de las cárceles a los tribunales a los procesados se vio reflejada en Corrientes el año pasado.

El 28 de noviembre a las 8,30 debía iniciar ante el estrado correntino de los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni el juicio por narco lavado a Roberto Rodríguez, un santafesino de 38 años que tiene a media familia y un socio involucrados en una causa que habla de drogas, autos lujosos y otras complacencias del delito de alto vuelo.

Se extendió algunas horas su inicio: antes de subir al puente, ya que Rodríguez está detenido en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia (Chaco), la camioneta del Servicio Penitenciario que lo traía a Pellegrini casi La Rioja se quedó parada en la ruta sin respuesta mecánica. Una paradoja en el derrotero de la economía judicial y policial, si se tiene en cuenta que Rodríguez justamente tenía una concesionaria de automóviles.