Los agoreros del golpismo

La actual gestión de Cambiemos sabe perfectamente de la existencia de agoreros -especialmente kirchneristas- que pronostican y esperan un pronto final del Gobierno nacional.

Por ejemplo, Eugenio Zaffaroni, ex juez del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación y actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), intentó aclarar sus polémicas declaraciones de hace un mes atrás, cuando había pronunciado: “Quisiera que el Gobierno se vaya lo antes posible”. Sin embargo, una vez que se encendieron las cámaras de C5N volvió a manifestar su disconformidad con la presidencia de Mauricio Macri y reiteró su deseo de un cambio de Gobierno anticipado: “Si se van antes, podemos resolver el problema”.

También el líder camionero Hugo Moyano declaró hace unos días, respecto del Gobierno nacional: “Les queda poco tiempo”. 

Algunos dirigentes gremiales, políticos y “sociales” han sostenido ideas similares. Inclusive lo hizo un fiscal federal. Ni hablar de Hebe de Bonafini, en su habitual tono de violencia verbal y vulgaridad.

No se trata de episodios aislados. Hay un sector -minoritario en la sociedad, pero de importante llegada a los medios de comunicación- que despliega sin el menor pudor ese afán golpista. Suele recordar, con especial delectación, la renuncia de Fernando de la Rúa, como si se hubiera tratado de un acontecimiento auspicioso para la Argentina.

No es la primera vez que decimos esto, pero conviene insistir en el punto: lo que se pretende desde el inicio del mandato de Macri es negar la legitimidad de su Gobierno. El propósito es tan burdo que no debería merecer respuesta alguna, pero la persistencia de quienes lo impulsan y sus conexiones en el tramado institucional y en organismos internacionales no son elementos que convenga subestimar. Es necesario poner en evidencia en cada caso la finalidad antidemocrática de estos grupos. De lo contrario, las mentiras, de tanto repetirse, pueden ser percibidas como verdades por fracciones de la sociedad menos interesadas en el seguimiento constante de las noticias políticas.

El caso de Moyano es particular. El termina abrazado al kirchnerismo y a la izquierda más autoritaria porque no consiguió el apoyo de otros dirigentes de peso en el ámbito gremial para su marcha del 21 de febrero, que bien podría denominarse “La marcha de la impunidad”. Son los jueces y los fiscales los que investigan al líder camionero, no el Poder Ejecutivo. Las normas que hoy rigen en gran parte del mundo en materia de transparencia financiera y bancaria han operado como esas bajas de las mareas que dejan a la vista una realidad que el agua tapaba. Moyano debe explicar cuál es su patrimonio y el de su familia, cuál es su tren de vida, cuál fue el origen de los fondos que le permiten habitar en mansiones, etcétera. Pero eso no es una persecución. Es lo que todos los argentinos debemos hacer frente a la autoridad tributaria y los demás organismos del Estado. Si sus papeles están en regla, nada debe temer; si no logra justificar su riqueza, nada debe reprocharle a Mauricio Macri.

No es el amor, claro, lo que unirá a Moyano con Cristina Kirchner, sino el espanto. Espanto a la Justicia independiente, a la República, a la pérdida de privilegios. En su afán de evitar las condenas judiciales, condenan al sistema democrático, deseando alterar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos.

Cambiemos no procura una nueva hegemonía, sino fundar un régimen de alternancia en el que oficialistas y opositores debatan con intensidad, pero se reconozcan recíprocamente legitimidad. Los golpistas conspiran contra ese esquema, que es el de todos los países exitosos.