La Provincia analiza recursos genuinos antes de anunciar su política salarial

 El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Enrique Vaz Torres, informó a El Litoral que evalúan la política salarial de 2018, teniendo en cuenta los recursos genuinos de la Provincia. Aclaró que no estudian una cláusula gatillo, y que, si bien hubo contactos informales con los sindicatos, aún no se concretó una convocatoria formal.

“La cláusula gatillo es un mecanismo que se utiliza en otras jurisdicciones (como Buenos Aires), que es válido y puede generar acercamientos, pero su aplicación está muy lejos en la provincia  porque tenemos otro criterio de trabajar con los recursos genuinos”, expresó el titular de la cartera económica. “Lo aleatorio, lo que depende de una acción económica futura, no lo incorporamos en un acta de acuerdo”, señaló el jefe del área.

En Corrientes, por lo tanto, el Ministerio de Hacienda no evalúa una cláusula gatillo para otorgar un aumento salarial. Por el contrario, se trabaja en el análisis de los recursos de la provincia en un contexto donde recientemente entró en vigencia la reforma fiscal y la adhesión provincial al Consenso Fiscal, lo cual generó modificaciones en la recaudación nacional, con ribetes local.

Además, el funcionario informó que hasta el momento no hubo un inicio formal del diálogo con los gremios docentes. Sí hubo contactos informales, pero la mesa salarial continúa pendiente. Aunque, el funcionario no desestimó una convocatoria. “Seguramente habrá diálogo”, expresó.

“No podemos comenzar esta  discusión tan sensible para el empleado público, cuando hay pendientes que resolver desde el punto de vista fiscal”, indicó el titular de la cartera económica, quien recordó que “hace una semana se votó la ley de adhesión al Pacto Fiscal”, en la Legislatura Provincial.

Vale señalar, además, que a partir de este año entraron en vigencia los cambios en la estructura fiscal nacional, en el marco del  Consenso Fiscal entre el Gobierno Nacional y casi todas las Provincias, a excepción de San Luis, que permitió la sanción de la reforma tributaria y la previsional en el Congreso de la Nación. La  no adhesión de Corrientes desde los primeros días de 2018, generó que la jurisdicción perdiese transferencias compensatorias nacionales.

“Una vez que terminemos la tarea técnica y de verificar los recursos, porque hemos pasado por estas modificaciones muy importantes en el régimen de recaudación, desde esa base, entendemos, vamos a enfrentar discusiones tan sensibles para el personal”, manifestó Vaz Torres. 

“Esto se puede verificar en el tiempo. Si miramos hacia atrás, hemos avanzado con recursos genuinos, con previsibilidad y con sustentabilidad”, expresó el ministro al referirse sobre la política salarial provincial.

El jefe de la cartera económica indicó que “el diálogo es permanente cuando tenemos certeza y certidumbre de los elementos”. Vaz Torres no descartó una convocatoria formal al corto plazo, luego de la verificación técnica.

Se prevé que podría haber  anuncios en marzo. Así lo había expresado el gobernador, Gustavo Valdés, en una entrevista radial, realizada semanas atrás. Mientras tanto, el clima en el Gobierno, primordialmente en el Palacio de Hacienda, es de cautela.

Gremios

Por otra parte, la seccional Corrientes de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) presentaron ayer un pedido urgente de reunión con el ministro de Hacienda. Ambos gremios consideraron que los plazos son acotados, por lo que es necesario avanzar con una mesa formal en el transcurso de la próxima semana.

El secretario general de Acdp, José Gea, expresó que si bien hay contacto telefónico con autoridades provinciales, es necesaria una reunión formal para avanzar con una propuesta, ya que desde el sector consideran que los plazos son acotados para resolver condiciones y salarios. 

“UDA y Acdp presentamos ayer en el Ministerio de Hacienda una nota en la cual solicitamos una reunión de carácter urgente”, dijo Gea a El Litoral. La paritaria nacional, en tanto, este año no incorporó salario, tras la publicación de un decreto presidencial que deroga algunos puntos contemplados en la reglamentación anterior de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo. Ahora es potestad de las provincias.