La Corte alfombra la llegada de un debate legislativo sobre los bienes del delito

Por Juan Manuel Laprovitta

@juanmalapro

De la Redacción

En Paso de los Libres durante largos años funcionaron como si fueran un pool de negocios, un motel y dos whiskerías, el alias falso de los prostíbulos. En 2013 se determinó con pruebas fehacientes y condenas mediante, que el dinero recaudado en esos locales lo lavaba una banda encabezada por el gendarme Pedro Norberto Sánchez.

Cuando el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó esa sentencia también ordenó la clausura definitiva y el decomiso de los tres inmuebles. Luego se abrió la causa por trata y explotación sexual de las víctimas de ese entramado de negocios inconfesables, que se llevó puesto hasta al fiscal federal Benito Pont.

Ese expediente que tramitó la jueza Cristina Pozzer Penzo, llegó el año pasado a la instancia de procesamiento de los integrantes de la gavilla, que acogía mujeres en situaciones vulnerables para explotarlas sexualmente en el hotel “Momentos”, previas citas acordadas y tarifadas en las whiskerías “Kilómetro de Oro” -luego llamada “Balizas”- y “Roxi”.

En su procesamiento, la magistrada subrogante de Paso de los Libres ordenó decomisar nuevamente los prostíbulos y el alojamiento, y notificar al tribunal federal de Corrientes, pues en el marco de la sentencia dictada al gendarme Sánchez dicha medida no sólo que no se efectivizó en 2013 sino que, además, “los locales continuaron funcionando -al menos- hasta los meses de enero y mayo del año 2016, respectivamente”.

En marzo por fin, el Estado los enviará a remate. Pero en un futuro hubieran estado a disposición de entidades benéficas.

Así lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el jueves último, al emitir una acordada en la que asigna los decomisos efectuados en causas penales a organizaciones de la sociedad civil.

Previamente los jueces deberán inscribir -con carácter obligatorio e inexcusable- la información completa de cada bien en una base de datos que luego estará a disposición de las ONG.

“El bien afectado podrá ser asignado provisoriamente para el uso del Poder Judicial de la Nación y de las fuerzas de seguridad, exclusivamente conforme a sus funciones y dentro del territorio nacional”, aclara la acordada, que determina que “también podrá ser asignado provisoriamente en carácter de depositario judicial a entidades con fines de interés público, para el cumplimiento de sus objetivos específicos y uso dentro del territorio nacional, conforme a los requisitos que fije el tribunal”.

Por un lado, la Corte fundamentó su determinación en el hecho de que la custodia y mantenimiento de los bienes decomisados requiere la adopción de medidas que implican, en definitiva, erogaciones públicas.

Pero a los ojos de algunos legisladores nacionales, se trata nada menos que de una alfombra para la llegada de la mentada ley de extinción de dominio, un proyecto que está sepultado en la Cámara de Senadores de la Nación por cuenta y orden del rionegrino Miguel Pichetto, según comentó ayer en forma reservada un par suyo.

Vista así, la acordada del jueves resultaría un justificativo para que se apruebe, una forma de preparar el almácigo donde el Gobierno podría hacer florecer un proyecto simpático a la coyuntura, y que, observado con los anteojos de la oposición, está a la medida de un año no electoral y que no toca fibras económicas de la administración nacional.

Los detractores de esa iniciativa sostienen que no podría atravesar el filtro parlamentario, porque afectaría garantías constituciones, el derecho a la propiedad y hasta el debido proceso. Con la acordada de los jueces superiores, no habría excusas.

Eso sí, Ricardo Lorenzetti y compañía en su escrito del jueves dejaron a salvo que había antecedentes a su orden de entregar los decomisos a la sociedad civil.

Lo saben bien en la “banda de los empresarios”, una de las sociedades con fines de lucro vinculada a la trama de trata y explotación sexual de Paso de los Libres. Un conjunto de muchachos que tomó como estrategia de recaudación la venta de moneda extranjera y el lavado de dinero sucio mediante la radicación de unas cuantas firmas consideradas “fantasmas” por el ministerio público.

Uno de los integrantes de esa organización, Ricardo Aguirre, es conocido en la ciudad fronteriza por su agencia de automotores, la que lleva su apellido. Y el de su hijo, Ricardo Gustavo.

Como oficio extra, ambos empresarios del rubro automotor tenían en sus manos la explotación comercial del hotel Momentos, un sitio donde un allanamiento arrojó como resultado el hallazgo de una decena de documentos de identidad de mujeres que eran obligadas a prostituirse. A veces a los golpes.

La situación se puso más complicada para los Aguirre, cuando en uno de los procedimientos judiciales sobre el salón de ventas de vehículos que tenían, se encontraron talonarios de facturas del hotel de la trata y la explotación sexual.

Los Aguirre, no sólo terminaron complicados en la causa de la red de prostíbulos, sino también en la del lavado que operaba la “banda de los empresarios”.

En el procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Paso de los Libres uno de los dispositivos firmados dice que se dispone el decomiso de manera definitiva y anticipada del local de la calle San Martín al 1900, que los Aguirre tenían llenos de autos relucientes.

Asimismo, la jueza dispuso que el Estado a través de un organismo oficial o una oficina sin fines de lucro, otorgue la utilización social de ese salón a organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de reparar el daño producido a las víctimas.