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/Ellitoral.com.ar/ Policiales

Condenaron a un empresario y a su familia en un juicio por narcolavado

Roberto Rodríguez recibió la pena de 13 años de prisión. En tanto a su madre, su ex pareja y socio comercial se les asignó una condena de 10 años. Deberán pagar multas millonarias y les fueron decomisados automóviles, camionetas y empresas. 

El Tribunal Federal de Corrientes condenó a 13 años de prisión al empresario Roberto Rodríguez y a penas de 10 a 4 años para otras seis personas de su entorno, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Además, deberán pagar multas millonarias y les fueron decomisados automóviles, camionetas y empresas. De acuerdo con la investigación, la banda lavó más de 50 millones de pesos por la comercialización de marihuana. También, recibían automóviles de alta gama como parte de pago.

Conforme al pedido de penas efectuado por el fiscal federal Carlos Schaefer, los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni dictaron hoy condenas de 13 años de prisión para Rodríguez y a 10 años para su madre, Santa Elba Aquino; su ex pareja, Griselda Romina Sosa, y su socio comercial, José Rafael Glibota.

Una cuñada del empresario, Rosa Gladys Ramos, fue condenada a 8 años de prisión; otra ex pareja de Rodríguez, Daniela Rocío Villalba, a 6, y la mujer de su socio, María de los Angeles Herrera, a 4.

Mientras que al principal acusado lo sentenciaron también a pagar una multa equivalente a 5 veces el monto de las operaciones investigadas, a los demás les impusieron una sanción de 3 veces esa cifra, estimada por los abogados querellantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Afip en $150 millones de pesos.

Asimismo, el fiscal Schaefer destacó que se trata de la primera vez que se suspenden las personerías jurídicas de empresas abiertas con el fin de lavar dinero, ajustando la sentencia al artículo 304 del Código Penal.

En el país ya se han realizado al menos 25 juicios por lavado de activos y en ninguno de ellos se vieron afectadas las personerías jurídicas.

En tanto, desde el ámbito judicial expresaron también que se trata de la condena más alta para el delito de lavado de dinero, nada menos que contra un operador importante del narcotráfico, pues Rodríguez carga desde septiembre del año pasado con una pena por venta de marihuana, a gran escala, a 9 años de prisión aplicada por un tribunal federal bonaerense.

En la resolución dictada ayer, los magistrados indicaron también que deberán ser decomisados un automóvil Posrche Cayman, así como otros 12 vehículos y los inmuebles en los que funcionaron las empresas con las que lavaban dinero: una agencia de autos, un corralón de materiales, un lujoso complejo de cabañas y una agencia de turismo, todos en Misiones.

Vale señalar, que la investigación inició en 2012 y estuvo a cargo de la fiscalía federal de Flavio Ferrini, así como del juzgado federal a cargo de Carlos Soto Dávila.

Los enjuiciados fueron procesados el año pasado en el contexto de la causa 12.000.024/2012.

Los siete fueron imputados por “la puesta en circulación de dinero en efectivo del narcotráfico”.

En este contexto, se lo imputó a Rodríguez, “en nombre propio, mediante la utilización de personas físicas y jurídicas interpuestas y a través de las firmas sociedades RR Vip Automotores y Corralón Cerro Corá, Emsetur y el Complejo Tangará, de operaciones financieras, compraventas reales y simuladas, constitución de sociedades de apariencia real sin actividad alguna, mediante las cuales fueron puestos en circulación en el mercado bienes no declarados de origen ilícito; materializadas a través de hechos por interpósita persona”. Algunos de los vehículos incautados a la banda de Rodríguez fueron objeto de supuestas negociaciones ilegales realizadas por funcionarios judiciales que llevaban adelante la causa.

 

Se trata de la condena más alta para el delito de lavado de dinero en la Argentina, nada menos que contra un operador importante del narcotráfico.

 

La cifra

150

Millones de pesos deberán pagar los condenados en equivalencia por multas. 

 

 

Es la primera vez que se suspenden las personerías jurídicas de empresas abiertas con el fin de lavar dinero, ajustando la sentencia al artículo 304 del Código Penal.

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