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Fondos a la Iglesia: la discusión que va hacia la nada

Luego de que Marcos Peña diera el dato de cuánto dinero destina la Nación para sostener al clero católico, surgieron muchas críticas. Sin embargo, el tema corre grave riesgo de quedarse en lo superficial.

Por Pablo Miguel

@soypablomiguel

De la Redacción

“El capitalismo salvaje ha enseñado

la lógica del beneficio a cualquier costo”. 

Papa Francisco

En Argentina la indignación colectiva va mutando de tópicos con una velocidad asombrosa y con grietas fáciles de identificar. Sin embargo, en los últimos días se difundió una información que alcanzó una poco frecuente unidad: el dinero que el Estado nacional destina para mantener a la Iglesia Católica.

En su visita a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, detalló que el Estado destina 130 millones para sostener a la Iglesia y que un obispo ganaba un sueldo de 47 mil pesos. Elsitio Chequeadohabía publicado que en realidad el dinero enviado era de 167 millones.

La noticia generó un masivo cuestionamiento por la plata que se le aportaba a la Iglesia en una ola de críticas en la que costaba encontrar a los que estaban a favor del esquema (más allá de algunos curas). Mucho se habló de qué se puede hacer con ese dinero y, con más atino, se comparó lo que gana un obispo con un maestro o un policía.

Sin embargo, esa discusión que se montó en torno a la Iglesia, transitó por el camino de lo superfluo, y considerando lo que se habla, se corren muchos riesgos de quedar en la nada, aun si se le deja de enviar plata para sostener el culto católico.

La limosna

En su intento de defender el aporte del Estado a la Iglesia, monseñor Aguer dijo que “la limosna en la misa es una colecta miserable”. Mirando desde el otro lado del mostrador es donde aparece la primera de las bifurcaciones de la vana discusión: lo económico. Si bien mucho se habló de lo que se podría hacer con 130 millones de pesos, no hay que engañarse: en un año es una cifra totalmente insignificante para el Estado nacional.

Si bien es indispensable que la sociedad deje de mantener económicamente a la Iglesia Católica y que deje de otorgar beneficios impositivos a las religiones, 130 millones de pesos anuales no representan casi nada si la discusión de fondo es cuánto dinero se desperdicia en el país, y que podrían tener un mejor destino. Pero las discusiones de fondo se dan muy poco en este país.

Si de dinero y cuestionamiento se tratara, habría que analizar también a otros sectores del Estado y lo que necesitan para funcionar o lo que otros deciden no pagar. ¿Cuánto le sale a la sociedad sostener a la clase política, los medios de comunicación, innumerables dependencias en el extranjero y compras que sirven sólo para el marketing oficial?

Comparando el dinero que el Estado nacional aporta a la Iglesia con el funcionamiento de determinadas áreas en Corrientes, los números son llamativos. Por ejemplo, el millón cien mil de correntinos, según Gustavo Valdés, le paga 6 veces y media más al Poder Legislativo local.

Esto surge delPresupuesto 2018, que se estima que se destinarán 852 millones de pesos para el funcionamiento de la Legislatura. En dos meses el Ministerio de Hacienda deposita allí más de lo que la Nación le otorga a la Iglesia en todo 2018.

Contabilizando 30 diputados y 15 senadores, se destinan casi 19 millones de pesos por legislador en un cuerpo que en los últimos años ha producidomuy pocas leyes nuevasy menos normativas de calidad. En este plano también sería interesante que se conozca la siempre polémica cantidad de empleados y contratados que posee el cuerpo, que oscilaría entre los 3 mil y los 5 mil según la fuente.

El Poder Judicial, por su parte, recibirá $2.354.481.598 para sostener su compleja estructura en toda la Provincia, incluso siendo menos de lo que el Superior Tribunal había solicitado. 

Llegando al ámbito capitalino, el dinero eclesiástico es casi el mismo que la Municipalidad de Corrientes destina al Concejo Deliberante. Para 19 ediles los capitalinos pagan127 millones de pesos, es decir poco más de 6 millones y medio de pesos por cada uno.

Aunque sea muy acertado, fácil resulta criticar el dinero que se le destina a la Iglesia Católica. Pero si de plata hablamos, lo primero que se debería analizar es el funcionamiento de otras áreas del Estado, siendo que se gasta allí muchísimo más sin que pese sobre ellos parámetros de control, indicativos de calidad o reclamos de transparencia y de servicios a la ciudadanía.

Lo mismo se puede hablar de las estructuras jerárquicas de los poderes ejecutivos. Si bien el Gobierno mantiene la misma estructura desde 2013, la Municipalidad aumentó de manera significativa sus cargos directivos, lo cual fue muy criticado por varios sectores. ¿Acepta la sociedad pagar sueldos tan altos y a tantas personas siendo que no mejoran los servicios prestados ni se ven avances significativos? ¿Cuánto daría la suma anual?

Hilando más fino, también se conoció que la Afip se pierde de recaudar7 mil millones de pesosporque los jueces determinaron que no tienen que pagar impuesto a las ganancias (54 veces más que la plata a la Iglesia). Y así se podría llegar a muchísimas conclusiones similares si se analizara lo perdido por la baja de retenciones al campo y a la minería, o lo que se paga a agencias extranjeras por comisiones en la toma de deuda pública. 

La influencia

Es otra la cuestión que se debería analizar con mayor profundidad para hablar del rol de la Iglesia Católica en el país. Más importantes que los fondos que recibe es la presión que ejerce en numerosos ámbitos y la influencia que sigue teniendo: sin ir más lejos, es muy normal escuchar y leer a curas opinando de cuanto tema de actualidad vaya haciendo mella en muchas determinaciones.

En ese plano la discusión se torna más compleja. No es tan importante saber si el Estado paga 1 peso, 10 pesos o 130 millones a la Iglesia, sino determinar por qué legisladores y funcionarios votan y ejecutan políticas públicas según su propia creencia religiosa dejando de lado lo que pasa en el territorio.

En Corrientes, por ejemplo, habría que preguntarse por qué no hay protocolos públicos por lainterrupción legal del embarazoni con el fallo FAL, o por qué Ricardo Colombi eligió anunciar que somos una provincia “pro vida” frente a autoridades religiosas.

Laeducación sexual es otra gran deudaque se debería cuestionar más, aun siendo a 2017 la segunda jurisdicción conmayor mortalidad infantily la primera en mortalidad neonatal. Sin embargo, en numerosas escuelas públicas es normalver imágenes religiosas, que seguramente no son pagadas por la Iglesia.

Si de dinero se trata, la Iglesia representa una cifra totalmente insignificante para la economía nacional, aún si se cancela todo envío. La vida de los argentinos no cambiaría en absoluto. No así con otros aspectos de nuestra cotidianeidad que pasan sin mayores cuestionamientos y, lo más importante, no pasa por el dinero sino por avances que no se dan o tardaron en concretarse, en los que la jerarquía religiosa ejercía presión.

Difícilmente la cuestión prospere y seguramente sería un tema muy judiciable por la interpretación que se haga del artículo 2º de la Constitución Nacional, que dice que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. ¿Qué significa sostener?

Por ende, también va a ser más complicado que se avance con otras cuestiones de fondo mucho más importantes para el país.

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