Un abogado para los que sufren

Por Juan Manuel Laprovitta

@juanmalapro

De la Redacción

En una medida de elegante factura moral, la Justicia Federal en la provincia de Corrientes determinó que por primera vez en una causa las víctimas tendrán una abogada del Estado que las patrocine.

Rosana Leonor Marini, defensora oficial nombrada para el aún inactivo juzgado federal de Goya, representa los intereses de las mujeres que fueron víctimas de la mafia que operó una red de trata y prostíbulos en Paso de los Libres y que terminó por explotar en forma escandalosa con la salida obligada del fiscal federal que la protegía, Benito Pont.

Ese caso, que es investigado por la jueza Cristina Pozzer Penzo y los fiscales Fabián Martínez y Carlos Schaefer, abre una ventana que muestra con claridad cómo funcionaba un dispositivo criminal de enorme trascendencia, que era utilizado para acumular dinero con la esclavitud sexual de víctimas, pero también para aprovecharse de la frontera con Brasil con el fin de traficar divisas.

Y, además, para generar grandes enjuagues fiscales que sacaban reluciente al dinero del enchastre que no era advertido por las autoridades.

Ahora, las 38 mujeres que fueron víctimas de esa red -que ya cuenta con casi cuarenta procesados- tendrán en la abogada oficial los ojos para conocer de qué magnitud era el laberinto en el que las escondieron. Y quiénes les cerraron la puerta.

La figura del abogado de la víctima es una novedad que no debería serlo. Nació en junio de 2017 con una ley del Congreso de la Nación y en esencia debería ser gratuito y proveído por el Estado.

“¿Por qué un imputado sí tiene derecho a contar con un abogado gratis y su víctima no? ¿Por qué una víctima no puede opinar, por ejemplo, cuando van a excarcelar a quien la sometió o hizo sufrir un delito?”.

Las preguntas, formuladas como reflexión por un abogado del foro local, son la espuma que flota sobre un espeso cóctel: el pesado anquilosamiento de las instituciones, en este caso, de la Justicia y la dinámica con la que se aplican las reglas, en especial las que modernizan su andar.

“Las cosas novedosas complican mucho, acá cuesta bastante implementarlas”, aportó el letrado y dejó a salvo que no ocurre con todos los operadores de los juzgados y que incluso el Superior Tribunal de Justicia tuvo avances en la materia.

Es que de modo similar al de la ley nacional de Protección a Víctimas de Delitos, en Corrientes existe el denominado “abogado del niño”, que debería aplicarse desde 2007, cuando ganó terreno constitucional en la reforma.

La corte provincial, de hecho, reglamentó a través de una acordada cómo debe funcionar el instituto del abogado del niño, para promover la verdadera participación y generar lo que en los pasillos de los tribunales se conoce como la “igualdad de armas”, es decir, los mismos derechos para el victimario como para la víctima.

Así se facultaría a quien representa a los que sufrieron un delito, al igual que al defensor, a ser comunicado de todo en el proceso, pero también a ser consultado, sin que aparezca la piedra del “previo a todo trámite” que suele parir la dicotomía entre la teoría y la práctica. Entre lo que dice la letra de la ley y lo que se firma en los escritorios.

Antes de aplicarse ese instituto, se hace evidente que al Poder Judicial le cuesta que un tercero “extraño” participe del proceso y aparece como una constante que la extrema formalidad se anteponga en su camino.

Por eso es que la jurisprudencia escasea en Corrientes. El registro más reciente se instaló en un juzgado de Instrucción, cuando el abogado Gustavo Briend firmó como representante de dos menores que era abusados por la pareja de su madre en esta capital. Aún no lo notificaron si lo admiten en el proceso.

En la discusión de fondo, hay quienes entienden que el abogado del niño debe ser un profesional ad honorem, provisto por el Estado, en este caso provincial.

Mientras tanto, en la provincia se debate a veces en voz alta y otras veces con murmullos, qué destino le depara al Código Procesal Penal, es decir, el manual de instrucciones para los juzgados de Instrucción de Corrientes.

En la discusión sobre ese plexo de normas novedosas que sigue girando en la ruleta de la Legislatura, se toma de modo genérico el asunto de proteger a las víctimas con un letrado de cuyos honorarios se encargue el Estado, según coincidieron en señalar dos profesionales en la materia.

Por eso se evidencia una suerte de choque generacional entre las esferas provincial y federal, donde se notan pasos más firmes en la aplicación de un derecho que fue creado para equiparar a las partes en el trámite de los expedientes.