Si hay una injusticia que invalida todos los recitados de campaña de cuanto político dio vueltas por el universo electoral de la Argentina sobre la reparación al Norte de nuestro país, es la vigencia del régimen de Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego es ejemplo de ese submundo de política y negocios, donde se radicaron miles de familias de lugares distantes, ignorando la fragilidad del régimen que sostiene sus empleos. Esa deformación está blindada por las capas geológicas que lo bloquean y los intereses creados que lo defienden. Un modelo de sustitución de enorme costo fiscal y grave carga para el Banco Central, al demandar divisas para importar productos desarmados por el puerto de Buenos Aires, volverlos a armar en la isla y luego venderlos caros a los argentinos. Con un ir y venir de camiones para trasladar unos y otros, de aquí para allí, por 2400 kilómetros.
En el sector electrónico trabajan alrededor de 9000 personas, la mayoría en el parque industrial de Río Grande, donde se destaca la empresa Mirgor y, en menor medida en Ushuaia, donde funciona Newsan. El costo fiscal previsto para 2025 asciende a 1.348.412 millones de pesos (0.18% del PBI). Unos mil millones de dólares, para redondear.
Hechos consumados de migraciones internas, expansión de barriadas, quioscos, changas y comercios, además de contratistas y proveedores que dependen de ellos, rodeados de sus propios microcosmos, que favorecen la perpetuación del régimen. Y con ello, el apoyo de gobernadores, intendentes, senadores y dirigentes industriales que se deben solidarizar con sus colegas fueguinos. Pero no se justifica que, para dar trabajo, se condene a todo el país al atraso tecnológico cuando la digitalización es base del desarrollo. Tierra del Fuego está para más, con su potencial turístico, forestal y pesquero, para emplear genuinamente mucha más gente que ahora.
Hace 50 años, los militares invocaron una razón geopolítica: la ocupación territorial, frente al riesgo chileno. Pasó medio siglo y las razones cambiaron. La conjunción de intereses construyó un nuevo relato para prolongar ese desatino, basado en la equiparación con el régimen de Manaos (Brasil). La zona franca de Manaos fue creada en 1967, también por otro gobierno militar, del general Castelo Branco, para dar empleo en la Amazonia. Ahora está fuertemente cuestionada por su incapacidad de innovar, su dependencia del fisco y los altos precios finales. Como en Tierra del Fuego, los centenares de empresas radicadas y los miles de personas empleadas constituyen un hecho consumado difícil de modificar. A costa del atraso tecnológico, de las reservas del BCRA, del presupuesto nacional y del bolsillo de los consumidores cautivos. Antítesis de las transformaciones virtuosas que ocurren en Vaca Muerta, en la minería, en las biociencias y en la economía del conocimiento.
A la inversa de México, que desarrolló “factorías” exportadoras para vender barato a los estadounidenses, en la Argentina el kirchnerismo alentó “factorías” importadoras en Tierra del Fuego, que demandan divisas, para vender caro a los argentinos. De eso se jactaba su defensora, Débora Giorgi, la ex ministra de industria que prefiere el bajo perfil a pesar de su altísimo penthouse en una torre de Puerto Madero.
El complejo régimen sufrió numerosos vaivenes durante su existencia, aunque los principales beneficios del área aduanera especial son bien conocidos: exención de impuestos nacionales, libre importación de insumos, partes y piezas, y el ingreso al territorio continental, libres de gravámenes, los productos “originarios” de la isla (con el 50% de valor agregado). Una sumatoria de costos inflan las cifras para alcanzar ese porcentaje, incluyendo fletes por camión, honorarios profesionales, pasajes aéreos y contratación de seguros, facturados desde Buenos Aires a las empresas fueguinas.
Javier Milei empezó criticando el régimen, pero lo excluyó de la Ley Bases con el argumento de los “derechos adquiridos”. Pero nadie podría invocar esa garantía constitucional, pues el artículo 32° de la ley 19.640 permite alterarlos.
Alberto Fernández extendió por 15 años el régimen creado en 1972 durante el gobierno del general Lanusse, que vencía en 2023. Cumplidas ciertas condiciones, podría extenderse otros 15 años, hasta 2053. El diputado Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, presentó un proyecto de ley para derogarlo, que aún no ha sido considerado.
Se trata de un inadmisible privilegio, plagado de gigantescas irregularidades, en el contexto del ajuste para alcanzar el déficit cero, del “cepo” por falta de reservas y cuyo costo fiscal serían “monedas” para solucionar el problema de quienes estamos al Norte.s
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