Una urbanista denunció "los privilegios en la compra y venta de humedales" en Corrientes

La arquitecta y urbanista Florencia Rus presentó su tesis doctoral en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la que criticó las políticas urbanas y territoriales que se produjeron en el período de 1990 a 2021 en Corrientes, Argentina.

Ella analizó cronológicamente la agenda estatal sobre el urbanismo correntino. "Estas políticas se instalaron como necesarias y urgentes de ser abordadas; a esto le denomino agenda de gobierno, y más particularmente aquellas que se orientaron a transformar territorios donde el agua es un elemento central, que se relacionan con los procesos de transformación urbana y poniendo el foco sobre áreas de humedales. En el caso de Corrientes, incluí los humedales ribereños (en la costa del Paraná) y hacia el interior (conformado por lagunas y terrenos anegables)", explicó Rus a El Litoral.

Su estudio se apoyó una perspectiva teórica de la ecología política latinoamericana y los estudios urbanos críticos. Un producto de su tesis es el mapa de agentes que lo fue contrayendo al ver la repetición de instituciones o empresas. Allí resalta las influencias privadas sobre las agendas del gobierno. 

"Esto privilegia la participación de algunas empresas constructoras que son beneficiadas por la obra municipal y provincial, con algunos procesos de acumulación (no siempre ilícitos, pero a veces sí)", advirtió la urbanista correntina.

Rus también elaboró un esquema de circularidad del privilegio: en muchos casos la concentración de la inversión estatal se da generalmente en obras de infraestructura que se conciben como estratégicas y que se localizan en el área central.

"A partir de estas coaliciones público privadas (la acción del Estado beneficiando a ciertos actores empresariales) se dan formas de valorización como mercantilización de los espacios en relación a otras formas que se incorporan a las rentas. Un caso particular es que la Laguna Brava sea declarada reserva y que esto se ha utilizado en la publicidad de la venta de los terrenos".

"En muchos casos, estas empresas están asociadas a agentes privados que obtienen los beneficios directos o indirectos del Estado, a partir de la normativa urbana o de estos mismos beneficios que se dan por la obra pública", agregó. 

"Lo mismo pasa con la transformación de la costa. Son años y años de inversión pública, que se dan cuenta en la tesis, para mejoramiento de las playas que luego son utilizadas para la venta de inmuebles para el desarrollo urbanístico de la zona o la construcción de un shopping que se buscaba instalar en la playa y que fue detenida", recordó la arquitecta.

Para Rus, la normativa urbana tiene un rol central en la expresión de estas contradicciones que no son discutidas en las formas de crecimiento, tanto en la verticalización central (que no se discute para quiénes es el crecimiento) o las formas de expansión hacia las periferias, que avanzan hacia áreas de humedales que no están reguladas y que generan crecimiento y acumulación para algunos actores que especulan con el suelo. 

Entre las conclusiones de la tesis, la arquitecta por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) presentó un análisis comparativo de tres casos. Resaltó que "actúa la producción de normativas que generan rentas potenciales y se dan para actores empresariales o dueños de las tierras, de forma desconocida para la población".

Insistió en que estas reglas urbanísticas "se dan de manera celera, sin espacios participativos, se producen normativas que generan excepcionalidades extremas para algunos agentes, como los que crean derechos de propiedad sobre el río, como en la Costanera Sur o en la central".

Aclaró también que estas normativas se dan con un profundo desconocimiento y desinterés de las dinámicas socio naturales del territorio y en muchos casos con ilegalidades que se posibilitan mediante el dejar hacer del Estado. En el caso de la Laguna Brava, se producen rellenos y canalizaciones que se dan por fuera de procesos legales. 

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Rus también estudió las controversias sociotécnicas. "A partir de la conflictividad frente a la agenda, aparecen distintos agentes que se pronuncian sobre cómo debería ser el accionar del Estado. Algunos agentes apelan al riesgo que se dan por esas transformaciones y otros refieren al progreso económico como principio rector y prioritario", detalló.

La urbanista dijo que "las personas más escuchadas son generalmente aquellos que aportan argumentos técnicos, porque otros agentes son más invisibilizados, entre ellos, las personas relocalizadas. La propiedad privada se instala como prioritaria a defenderse frente a otros derechos de incidencia colectiva; esto aparece constantemente en las denuncias ambientales".

En estas luchas por poner por delante otras formas de valoración aparecen las mujeres en los tres casos. "Resalto, por ejemplo, el rol de Hilda Presman, en el acompañamiento de los relocalizados de la Costanera Sur; las mujeres defensoras costeras, que están al frente de la lucha y son arquitectas y abogadas; en el caso de la Laguna Brava hay una docente comprometida que moviliza distintas acciones como abrazos a la laguna y la denuncia de las canalizaciones y rellenos", destacó Rus.

A partir de este tipo de agentes se busca torcer esta agenda y se producen normativas, jurisprudencia y flujos de información. Eso es lo que Rus llama la productividad de los conflictos. 

En este sentido, se sumó a la crítica de "la profundización de la privatización de los humedales y los bordes de los ríos y lagunas, con procesos de elitización, para que estos espacios sean habitados y usados por las clases altas, y sean cada vez más exclusivas y excluyentes". 

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De acuerdo con los datos presentados ante la UNR, la destrucción ambiental reparte los efectos negativos hacia otras áreas.Por ejemplo, la ocupación y relleno de las lagunas (que en general son altas) terminan incidiendo tanto en la pérdida de ecosistemas que sirven a la absorción a las inundaciones y el traslado del riesgo hídrico hacia zonas más bajas de la cuenca del Riachuelo, como en toda la zona sur de Corrientes.

"En la costa sur de la Capital, los rellenos también pueden llegar a afectar a los barrios populares que están del otro lado de los terraplenes que se están construyendo. Hay territorios que deberían permanecer sin ser urbanizados, o con cierta forma de urbanización que privilegie la conservación y no el lucro o la mirada del propietario privado, que muchas veces pierde de vista a todo el funcionamiento del ecosistema y que luego genera efectos negativos en el ambiente", denunció Rus. 

Por esto, recomendó que "el Estado debería valerse de la información en relación a cuál es el sistema de humedales y pastizales que es necesario proteger y pensar políticas urbanas que contengan el acceso al hábitat de las mayorías, porque cada vez es más difícil el acceso a la vivienda". 

Su tesis, con el título "Agenda de gobierno y conflictos de valoración en humedales de la ciudad de Corrientes, Argentina (1990-2021)", puede leerse completa en el Repositorio Hipermedial de la UNR.