El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó este viernes a ocho personas, entre exfuncionarios, abogados e intermediarios, en el marco de una causa por sobornos vinculados con un juzgado federal. Las penas, que llegan hasta los nueve años y seis meses de prisión, fueron determinadas durante una audiencia de mensuración en la que se establecieron las sanciones correspondientes a los delitos atribuidos a los acusados.
La decisión se adoptó mediante la llegada a la Cámara Federal de Casación Penal de un recurso de los fiscales Carlos Schaefer, de Corrientes, Diego Iglesias y Martín Uriona de la Procunar.
Los jueces de Casación ordenaron incrementar las penas sobre la base de delitos que no habían sido considerados en esos términos durante el juicio oral, lo que agravó el cuadro penal con el que llegaron los imputados a esta instancia.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Dr Fabian Gustavo Cardozo, Dr. Juan Manuel Iglesias y el Dr. Simón Pedro Bracco
La condena más elevada fue impuesta al exsecretario Pablo Carlos Molina, quien recibió nueve años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua. Fue considerado responsable de asociación ilícita, como miembro de la organización, en concurso real con cohecho pasivo agravado, en calidad de partícipe necesario mediante una persona interpuesta, reiterado en cinco oportunidades. También fue condenado por prevaricato, como partícipe necesario, en cuatro oportunidades.
El exsecretario Federico Alberto Grau recibió seis años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua. El tribunal lo consideró responsable de asociación ilícita, cohecho pasivo agravado en tres oportunidades y prevaricato, también en tres oportunidades, en los términos establecidos en la sentencia.
En tanto, el abogado Duyilio Horacio Barboza Galeano fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por asociación ilícita y cohecho activo agravado, reiterado en tres oportunidades, en calidad de coautor.
El abogado Gregorio Humberto Giménez recibió tres años y seis meses de prisión por asociación ilícita y cohecho activo agravado. La misma pena fue impuesta al abogado que trabajaba con él, Tomás Alfredo Viglione, considerado responsable de esos delitos, con dos hechos de cohecho activo agravado.
También fueron condenados los abogados Jorge Ricardo Vallejos, a tres años y seis meses de prisión por asociación ilícita y cohecho activo agravado, y Omar Antonio Serial, a dos años y seis meses de prisión por cohecho activo agravado, en calidad de coautor.
Por su parte, el exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone recibió dos años de prisión en suspenso por cohecho activo agravado.
Las condenas se dictaron en función de las responsabilidades penales atribuidas a cada acusado y de los distintos hechos contemplados en el expediente. Las sanciones incluyen penas de cumplimiento efectivo y, en el caso de Faraone, una condena de ejecución condicional.
La resolución ahora vuelve a la Cámara de Casación para su verificación, tras lo cual se debe dictar una medida para el cumplimiento efectivo, teniendo como última instancia recursiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el marco de esta causa, el exjuez federal Carlos Soto Dávila atraviesa una instancia de verificación de su situación personal para determinar si está apto para afrontar las nuevas medidas en trámite, con lo cual no forma parte de esta resolución.
La causa investigó un esquema de cohecho en el que estuvieron involucrados narcotraficantes.
La intervención de la Cámara Federal de Casación Penal resultó determinante para esta nueva mensuración de las penas, al ordenar que se contemplaran delitos que no habían sido considerados previamente en la determinación de las sanciones.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó para el 10 de noviembre de 2026, a las 18, la lectura de los fundamentos, instancia en la que se conocerán los argumentos jurídicos que respaldan las sanciones impuestas.
