El postergado proyecto del segundo puente Chaco-Corrientes cumplió un paso administrativo fundamental tras un año de demora. En el marco de la audiencia pública para evaluar el impacto ambiental, el titular del Distrito 10 de Vialidad Nacional, David Moulín, aclaró que completar esta etapa es la "llave" para destrabar el capital necesario para la obra.
"Los organismos internacionales exigen tener aprobado el estudio ambiental para otorgar créditos", explicó el funcionario, vinculando directamente la viabilidad del puente con el cumplimiento de normativas externas.
Durante el encuentro, Moulín despejó una de las dudas técnicas más recurrentes: la estructura será exclusivamente vial, descartando definitivamente la posibilidad de un puente ferrovial por el momento. Esta decisión simplifica el diseño ejecutivo pero delimita el alcance logístico del paso fronterizo, que se proyecta como un alivio crítico para el actual Puente General Belgrano.
Biodiversidad y mitigación de daños
El debate sobre la afectación del ecosistema ocupó gran parte de la presentación. Moulín reconoció que la costa chaqueña sufrirá el mayor impacto sobre su biodiversidad debido a las características del terreno y la traza prevista. Sin embargo, aseguró que trabajan con consultoras para "reducir los daños a la mínima expresión" y que, de ser necesario, se aplicarán esquemas de compensación ambiental.
La cautela fue la nota dominante al hablar de plazos. El funcionario evitó dar fechas para el inicio de las máquinas, argumentando que la prioridad actual es cerrar el proyecto ejecutivo de manera integral. El objetivo de la gestión de Moulín es blindar la iniciativa técnica y legalmente para evitar que el puente quede trunco, un destino que ha perseguido a proyectos similares durante las últimas décadas en la región.
El fin de la prórroga
La realización de esta audiencia marca el final de un aplazamiento administrativo que duró un año. La instancia había sido diferida en enero de 2025 mediante el Decreto Nº 26, lo que generó una postergación de la presentación de la documentación y el debate público sobre el plan de trabajo.
Con el cumplimiento de este paso obligado ante el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), el proyecto ejecutivo dio un avance en una obra históricamente postergada.
