n El martes 9 de junio, David Moulin, jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional, reabrió una discusión histórica al señalar que el Corredor Belgrano -las avenidas 3 de Abril, Ferré e Independencia, que conectan el Puente General Belgrano con la Ruta Nacional 12- "nunca fue jurisdicción del Gobierno nacional" y que corresponde a la órbita provincial. La definición llegó en medio del planteo judicial impulsado por el Gobierno de Corrientes para que ese tramo sea contemplado en el marco de la licitación federal. El Litoral consultó a Jorge Francisco Gómez, expresidente de la Federación Económica de Corrientes, quien aclaró que no habla desde una representación gremial actual, sino desde la preocupación de un dirigente empresario correntino por el desarrollo, la competitividad y la infraestructura estratégica de la provincia.
"El Corredor Belgrano nunca fue jurisdicción del Gobierno nacional Es jurisdicción de la provincia.- David Moulin, jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional, 9 de junio de 2026
—Moulin dijo que el Corredor Belgrano nunca fue jurisdicción del Gobierno nacional. ¿Qué le responde?
Que la discusión no puede agotarse en una lectura formal de jurisdicciones. Es posible que, desde el punto de vista administrativo, esas avenidas sean de dominio provincial o municipal. Pero el problema de fondo es otro: el Puente General Belgrano es una infraestructura nacional, la Ruta Nacional 12 también lo es, y el corredor urbano que une ambas piezas cumple una función indispensable dentro de ese sistema. Si el puente y la ruta son nacionales, no parece razonable que el tramo que los conecta quede librado exclusivamente al esfuerzo de Corrientes. No lo planteo como una confrontación, sino como una inequidad que lleva décadas y que necesita una solución federal.
—¿Por qué considera que esa explicación jurídica no alcanza?
Porque la infraestructura no se mide solamente por el dominio legal de una calle, sino por la función que cumple. El Corredor Belgrano no es una avenida más: es el acceso operativo al principal vinculo entre Corrientes y Chaco, y parte de un flujo de tránsito regional y nacional. Por allí circulan camiones, colectivos, turistas, trabajadores y cargas que no son generados únicamente por la ciudad. Cuando ese tránsito deteriora la infraestructura, el costo termina recayendo sobre Corrientes. Esa es la cuestión que hay que corregir.
—Fue presidente de la Federación Económica de Corrientes. ¿Habla en nombre del sector empresario?
No. Quiero ser muy claro en esto: hoy estoy alejado de la actividad gremial y no hablo en representación formal de ninguna institución. Pero haber pasado por la Federación Económica me dejó una mirada muy concreta sobre lo que le cuesta a Corrientes no contar con infraestructura adecuada. Hablo como correntino, como empresario y como alguien que sigue preocupado por el crecimiento de la provincia No me interesa confrontar con un funcionario; me interesa que Corrientes deje de absorber costos que no debería absorber sola.
—Moulin también señaló
que hay una medida judicial en curso. ¿Confia en esa vía?
La vía judicial es legítima, y entiendo que el Gobierno provincial la haya utilizado. Cuando no se encuentra una respuesta administrativa o política, la Justicia aparece como una herramienta válida. Pero sería mejor que este tema se resolviera mediante una decisión institucional, sin quedar atrapado durante años en expedientes, apelaciones o medidas cautelares. Corrientes necesita obras, mantenimiento y previsibilidad, no solamente argumentos jurídicos. La Justicia puede ordenar, pero la solución debe ser política y de gestión.
—¿Cuánto tiempo lleva esta situación sin resolverse?
Prácticamente desde la habilitación del Puente General Belgrano, en la década del setenta. Estamos hablando de más de cincuenta años. El propio representante de la Municipalidad de Corrientes lo planteó en la Audiencia Pública: desde la construcción del puente, el mantenimiento del corredor urbano fue soportado por la ciudad. Eso significa que durante medio siglo Corrientes sostuvo una infraestructura que resulta indispensable para el funcionamiento de una obra nacional y de un corredor regional.
—¿Y cuánto representa ese mantenimiento para la ciudad?
Las estimaciones mencionadas por la Provincia hablan de alrededor de noventa y cinco mil dólares mensuales. Es un monto significativo para cualquier municipio. Pero además del número hay que mirar el costo indirecto: recursos que podrían destinarse a otros servicios urbanos, mayor desgaste de vehículos, demoras, accidentes, pérdida de competitividad y deterioro de la calidad de vida. La infraestructura deficiente siempre la termina pagando alguien, y en este caso la vienen pagando los correntinos
—Vialidad Nacional sostiene que la licitación de la Red Federal contempla el mantenimiento del Puente Belgrano dentro de la concesión. ¿No es un avance?
Si, es un avance y hay que reconocerlo. Que se prevea mantenimiento del viaducto, juntas, controles y trabajos técnicos es positivo. Pero el puente no puede analizarse aislado de sus accesos. Una infraestructura de esta escala funciona como sistema: puente, ruta, accesos, tránsito, seguridad y mantenimiento. Si se mejora el viaducto pero se deja sin resolver el corredor que lo conecta con la red nacional, la solución queda incompleta.
—¿El estado estructural del puente también genera preocupación?
Si, y debería ser una preocupación pública. El Puente General Belgrano es una obra estratégica para Corrientes y para toda la región. Por eso no alcanza con tareas rutinarias de mantenimiento: hace falta información clara, actualizada y accesible sobre su estado estructural, sus defensas, sus pilas y sus condiciones de seguridad. No se trata de alarmar, sino de actuar con responsabilidad. Una obra de esa importancia exige planificación, transparencia técnica y decisiones a tiempo.
—El segundo puente Chaco-Corrientes también aparece en la discusión. ¿Era razonable incorporarlo a este planteo?
Era razonable plantearlo como compromiso estratégico, aunque no necesariamente como una obra inmediata dentro de la concesión. Nadie puede desconocer que el segundo puente es una necesidad de largo plazo. Lo mínimo esperable sería una hoja de ruta seria: estudios, cronograma, presupuesto, fuentes de financiamiento y responsabilidades. Decir que una obra figura en un plan no alcanza Corrientes necesita fechas, etapas y decisiones verificables.
—¿Qué debería ocurrir ahora, con la licitación ya avanzada?
Primero, que el planteo de Corrientes sea tratado con seriedad y sin reducirlo a una cuestión formal. Segundo, que el Estado nacional reconozca que hay una deuda de infraestructura con la ciudad y con la provincia. Tercero, que se abra una mesa de trabajo entre Nación, Provincia, Municipio y los sectores vinculados al transporte, la producción, el comercio y los servicios. Existen herramientas posibles: convenios, fideicomisos, financiamiento específico, aportes compartidos o mecanismos dentro de la propia concesión. Lo que hace falta es voluntad de ordenar una solución.
—¿Moulin habló desde una posición técnica o política?
Creo que habló desde una posición técnicamente defendible, pero demasiado limitada para la magnitud del problema. Un funcionario puede tener razón en la letra del expediente y, al mismo tiempo, no ofrece una respuesta suficiente para la realidad. La gestión pública no debería limitarse a decir 'no corresponde'; debería buscar caminos para resolver. Corrientes no necesita una pelea verbal con Vialidad: necesita que Vialidad sea parte de la solución.
—¿La concesión del Tramo Litoral puede mejorar la situación de Corrientes?
Puede mejorar la transitabilidad de rutas nacionales, y eso sería positivo. Pero si el Corredor Belgra queda afuera, si no hay definiciones sobre el segundo puente y si no se transparenta una evaluación integral del viaducto, la mejora será parcial. Vamos a tener una concesión que ordena ciertos tramos pero que mantiene abierta una injusticia estructural: el acceso urbano al puente seguirá siendo por Corrientes, aunque sea utilizado por tránsito regional y nacional.
—¿Qué rol debería asumir el sector empresario correntino?
El sector empresario debe involucrarse con responsabilidad. No hablo de confrontar ni de convertir este tema en una bandera partidaria. Hablo de expresar con claridad que la infraestructura condiciona la competitividad. Cada empresa que transporta mercadería, cada hotel que recibe visitantes, cada industria que necesita logística eficiente y cada comercio que depende de costos razonables siente el impacto de estas decisiones. El silencio muchas veces se interpreta como conformidad. Por eso, estridencias, el sector privado debe hacer oír su preocupación.
—¿Qué les diría hoy a los empresarios correntinos que leen esta entrevista?
Les diría que este no es un tema ajeno ni solamente técnico. La infraestructura define oportunidades de inversión, empleo, turismo, producción y calidad de vida. Corrientes no puede crecer si acepta pasivamente que sus conexiones estratégicas sigan postergadas. Hay que hablar, proponer, acompañar los reclamos institucionales y pedir soluciones concretas. Con respeto, pero con firmeza. No se trata de enfrentar a nadie, se trata de defender el desarrollo de Corrientes.
