El trabajo en tiempos de crisis resultó ser verdaderamente una Epifanía para los antiguos empleados del recordado Expreso Ciudad de Posadas. La firma fue reinventada como cooperativa, ya no en manos de la última dueña -Lidya Martínez de Meyer-, con la fuerza de una esperanza nueva y el acompañamiento de un ejército de obreros, el emprendimiento autogestionado actualmente rinde frutos que de la nada, ofrece salida laboral a unos 40 desocupados.
Mediante la prestación del servicio que antes cubría la línea 111 de transporte urbano, la Cooperativa de Trabajo y Consumo Posadas Ltda., brinda una efectiva cobertura del ramal que tras la quiebra de la firma originalmente concesionaria fue puesta en manos del Principal Group. Pero esperar colectivos desde el centro para llegar a los barrios Pirayuí, Nuevo o Laguna Seca seguía siendo un calvario que consumía 45 minutos y paciencia.
Hace dos meses los usuarios que habitan esos sectores de la ciudad, no sólo tienen una nueva flota de unidades a su disposición, sino también por un precio menor. Al salir a rodar con 8 colectivos recuperados del abandono sufrido por la infraestructura de la empresa judicializada, los cooperativistas de la “Posadas Ltda.” afinaron la punta del lápiz y concluyeron en que a 60 centavos por pasaje el servicio sería posible, al igual que lo ideado por firmas del circuito alternativo del transporte, como las ex 11 y 13.
“Sin la ayuda de nadie, sin subsidios y con palos en la rueda, igual salimos a prestar el servicio porque somos una cooperativa y significa que hay que cooperar”. Así lo entendió en su diálogo con El Litoral la cabeza visible de la empresa reflotada, Pedro Miño, convencido de que transportar gratis a chicos de una colonia de vacaciones no perjudica las finanzas del grupo o que una tarifa menor tampoco afecta a la economía del servicio y hacen al espíritu del conjunto.
Y la premisa fue acertada. De lunes a viernes los choferes del emprendimiento cortan alrededor de 600 boletos diarios, los que al final del mes totalizan aproximadamente unos 86 mil pesos, suma nada despreciable a los ojos de cualquier empresario que busque utilidades con el transporte.
Pero los cálculos no fueron idea de magnate alguno. Por el contrario, la mano obrera de la empresa que supo abarcar recorridos de larga distancia hasta Rosario, Posadas y Mar del Plata, hoy, después de cambiar cubiertas o atender percances de un motor, cierra las cajas de seguridad para resguardar el dinero ganado con el trabajo de los colectivos urbanos.
Luego de las instancias de adjudicación de bienes de la empresa a los desocupados, la Justicia, léase Juzgado en lo Civil y Comercial número 9 a cargo María Eugenia Sierra de Simoni, fijó en 2 mil pesos el tributo mensual en concepto de tenencia judicial. Lo que sumado a los costos por seguro y mantenimiento de la flota de colectivos y el galpón de la esquina de Reconquista y Valdepeñas, decantan un capital mensual suficiente para el pago de sueldos a unos 40 empleados.
Personal técnico, mecánicos, electricistas, choferes y administrativos conforman una “familia” que tras peregrinar con la necesidad del trabajo a cuestas por pasillos del Poder Judicial, la Municipalidad y hasta despachos del Gobierno de la Nación, luego de casi dos años obtuvo los frutos que hoy rinde la cooperativa. Hasta el momento el aval legal lo da el acompañamiento del Concejo Deliberante, que aconsejó al Ejecutivo que otorgue el permiso necesario.
“Reunimos los requisitos exigidos por el Municipio, pasamos las revisiones técnicas, constataron la póliza de seguros al día y creeemos firmemente en la palabra de la intendente”, afirmó Miño. Pero así también desdeñó públicamente la posibilidad de confrontar por obtener la concesión: “no se trata de tirar basura en la calle porque después va a haber que caminar en puntas de pié”, figuró.
MADUREZ
Con todas las de la ley, la cooperativa se fundó hacia la segunda mitad del 2003, conformada por algo más de 100 trabajadores y el padrinzago del presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, el abogado laboralista Luís Alberto Caro. Pero en septiembre del año pasado, una serie de escandalosos enfrentamientos se correspondió con una crisis de madurez que, necesaria o no, desembocó en el actual panorama, para nada desfavorable.
Con nueva guía, luego de romper lanzas con Caro que se volcó del todo a una fracción desguasada de la conformación cooperativista original, pero con el mismo motor, la causa se encarrilló hacia el objetivo propuesto en primeras instancias y consiguió sacar a flote la traza urbana. El rumbo sigue siendo un umbral de ayer con la esperanza de hoy: ganar camino para afrontar el año del despegue de un nuevo modelo de gerencia empresarial para la prestación efectiva de un servicio público.
Mediante la prestación del servicio que antes cubría la línea 111 de transporte urbano, la Cooperativa de Trabajo y Consumo Posadas Ltda., brinda una efectiva cobertura del ramal que tras la quiebra de la firma originalmente concesionaria fue puesta en manos del Principal Group. Pero esperar colectivos desde el centro para llegar a los barrios Pirayuí, Nuevo o Laguna Seca seguía siendo un calvario que consumía 45 minutos y paciencia.
Hace dos meses los usuarios que habitan esos sectores de la ciudad, no sólo tienen una nueva flota de unidades a su disposición, sino también por un precio menor. Al salir a rodar con 8 colectivos recuperados del abandono sufrido por la infraestructura de la empresa judicializada, los cooperativistas de la “Posadas Ltda.” afinaron la punta del lápiz y concluyeron en que a 60 centavos por pasaje el servicio sería posible, al igual que lo ideado por firmas del circuito alternativo del transporte, como las ex 11 y 13.
“Sin la ayuda de nadie, sin subsidios y con palos en la rueda, igual salimos a prestar el servicio porque somos una cooperativa y significa que hay que cooperar”. Así lo entendió en su diálogo con El Litoral la cabeza visible de la empresa reflotada, Pedro Miño, convencido de que transportar gratis a chicos de una colonia de vacaciones no perjudica las finanzas del grupo o que una tarifa menor tampoco afecta a la economía del servicio y hacen al espíritu del conjunto.
Y la premisa fue acertada. De lunes a viernes los choferes del emprendimiento cortan alrededor de 600 boletos diarios, los que al final del mes totalizan aproximadamente unos 86 mil pesos, suma nada despreciable a los ojos de cualquier empresario que busque utilidades con el transporte.
Pero los cálculos no fueron idea de magnate alguno. Por el contrario, la mano obrera de la empresa que supo abarcar recorridos de larga distancia hasta Rosario, Posadas y Mar del Plata, hoy, después de cambiar cubiertas o atender percances de un motor, cierra las cajas de seguridad para resguardar el dinero ganado con el trabajo de los colectivos urbanos.
Luego de las instancias de adjudicación de bienes de la empresa a los desocupados, la Justicia, léase Juzgado en lo Civil y Comercial número 9 a cargo María Eugenia Sierra de Simoni, fijó en 2 mil pesos el tributo mensual en concepto de tenencia judicial. Lo que sumado a los costos por seguro y mantenimiento de la flota de colectivos y el galpón de la esquina de Reconquista y Valdepeñas, decantan un capital mensual suficiente para el pago de sueldos a unos 40 empleados.
Personal técnico, mecánicos, electricistas, choferes y administrativos conforman una “familia” que tras peregrinar con la necesidad del trabajo a cuestas por pasillos del Poder Judicial, la Municipalidad y hasta despachos del Gobierno de la Nación, luego de casi dos años obtuvo los frutos que hoy rinde la cooperativa. Hasta el momento el aval legal lo da el acompañamiento del Concejo Deliberante, que aconsejó al Ejecutivo que otorgue el permiso necesario.
“Reunimos los requisitos exigidos por el Municipio, pasamos las revisiones técnicas, constataron la póliza de seguros al día y creeemos firmemente en la palabra de la intendente”, afirmó Miño. Pero así también desdeñó públicamente la posibilidad de confrontar por obtener la concesión: “no se trata de tirar basura en la calle porque después va a haber que caminar en puntas de pié”, figuró.
MADUREZ
Con todas las de la ley, la cooperativa se fundó hacia la segunda mitad del 2003, conformada por algo más de 100 trabajadores y el padrinzago del presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, el abogado laboralista Luís Alberto Caro. Pero en septiembre del año pasado, una serie de escandalosos enfrentamientos se correspondió con una crisis de madurez que, necesaria o no, desembocó en el actual panorama, para nada desfavorable.
Con nueva guía, luego de romper lanzas con Caro que se volcó del todo a una fracción desguasada de la conformación cooperativista original, pero con el mismo motor, la causa se encarrilló hacia el objetivo propuesto en primeras instancias y consiguió sacar a flote la traza urbana. El rumbo sigue siendo un umbral de ayer con la esperanza de hoy: ganar camino para afrontar el año del despegue de un nuevo modelo de gerencia empresarial para la prestación efectiva de un servicio público.
