Casi una semana después de la que la querella estatal solicitara penas de entre cuatro y cinco años, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los fiscales a cargo de la investigación por la desaparición de equipos de la Dirección de Información Pública en 1997 exigieron condenas similares. La más perjudicada fue la asesora de imagen de aquel entonces, Graciela Borré, cuya defensa solicitaría la semana próxima la observación de los testimonios y documentos presentados durante la acusación, por sospechas sobre su veracidad.
Los fiscales de la Cámara en lo Criminal Nº 2, Rafael Escarlón, y del Juzgado de Instrucción Nº 4, Gustavo Schmitt, exigieron penas de cinco años para Graciela Borré -asesora de imagen durante el supuesto robo-; cuatro para el titular de la Dirección de Información Pública en aquel entonces, Juan Carlos Karsten; y tres para el camarógrafo William Amarilla.
A Borré y a Amarilla se los acusó como coautores del delito denunciado, aunque para el camarógrafo los fiscales dejaron a consideración del Tribunal -compuestos por los magistrados Eduardo Panseri, Cinthia Teresita Godoy Prats y María Elisa Morilla de Sanserri- una solicitud de condena por tres años de prisión preventiva en suspenso. Mientras tanto, a Karsten se lo implicó como cómplice necesario por omisión.
Las sanciones solicitadas son similares a las que habían sido presentadas por el representante legal del Estado en la causa, Ricardo Maldonado, quien pidió cinco años para Borré y cuatro para los dos restantes implicados, además de la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
La tardanza de la descarga de Schmith y Escalón respondió a su ocupada agenda en otros casos que maneja la Cámara, lo que habría originado una superposición del debate sobre las denuncias por el desvío de 400 mil pesos para un Plan de Pavimentación Municipal en 1999.
Las acusaciones vertidas por los fiscales coincidieron en que la ex asesora de imagen durante la gobernación de Pedro Braillard Poccard -diputado electo por el Frente de Todos- autorizó el traslado de equipos de televisión a la sede del Partido Nuevo el 29 de julio de 1997. Dos años más tarde, en 1999, los aparatos habrían sido llevados a un domicilio particular de la principal acusada.
Otra versión había apuntado a que los aparatos habían quedado a disposición de Pedro “Vasco” Schaerer. En tanto, distintos testigos aseguraron ante el Tribunal haberlos vistos instalados en la sede de Eacsa entre 1997 y 1998, bajo la responsabilidad de Amarilla.
La más perjudicada tras los alegatos de la Fiscalía fue Borré, sobre quien se plantearon contradicciones y falta de credibilidad durante sus testimonios. La mujer había acusado, días atrás, a Amarilla por adjudicare supuestos arreglos con el fiscal general César Sotelo.
El botín denunciado por el titular de la DIP durante el Gobierno de la Coalición, tras la salida del Partido Nuevo, el peronista Juan Carlos Cassabone, consta de cámaras filmadoras e islas de edición que habían sido adquiridas a una empresa tucumana por unos 600 mil pesos por Carlos Simón en 1994. Simón, que hoy se desempeña como periodista de Radio Dos (antes pasó por FM Sudamericana) fue Director de Información Pública desde el comienzo del gobierno de Raúl “Tato” Romero Feris. Según juró ante el Tribunal, los equipos en cuestión permanecieron embalados en su despacho durante su gestión.
El juicio continuará el próximo lunes cuando las defensas de los implicados eleven sus alegatos. La jornada se iniciará con la descarga del abogado de Borré -las presentaciones serán en orden alfabético-, Ernesto González, quien en distintas declaraciones a la prensa anticipó que pediría que se reabra una causa por falsos testimonios y documentos fraguados empleados.
PAVIMENTACION
En la Cámara en lo Criminal Nº 2 se investiga en paralelo un supuesto desvío de fondos destinados para un Plan de Pavimentación Municipal en 1999. La causa fue la excusa expuesta por los fiscales Escarlón y Schmitt para la suspender hasta ayer la descarga de sus alegados en el caso Información Público.
Los dos principales implicados, Raúl Romero Feris y Andrés Zidianakis, antiguos Intendente y secretario de Economía respectivamente, fueron citados a declarar nuevamente para el próximo martes en la Casa Patono, para continuar en el debate por el cual se los acusa por el delito de peculado.
Los fiscales de la Cámara en lo Criminal Nº 2, Rafael Escarlón, y del Juzgado de Instrucción Nº 4, Gustavo Schmitt, exigieron penas de cinco años para Graciela Borré -asesora de imagen durante el supuesto robo-; cuatro para el titular de la Dirección de Información Pública en aquel entonces, Juan Carlos Karsten; y tres para el camarógrafo William Amarilla.
A Borré y a Amarilla se los acusó como coautores del delito denunciado, aunque para el camarógrafo los fiscales dejaron a consideración del Tribunal -compuestos por los magistrados Eduardo Panseri, Cinthia Teresita Godoy Prats y María Elisa Morilla de Sanserri- una solicitud de condena por tres años de prisión preventiva en suspenso. Mientras tanto, a Karsten se lo implicó como cómplice necesario por omisión.
Las sanciones solicitadas son similares a las que habían sido presentadas por el representante legal del Estado en la causa, Ricardo Maldonado, quien pidió cinco años para Borré y cuatro para los dos restantes implicados, además de la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.
La tardanza de la descarga de Schmith y Escalón respondió a su ocupada agenda en otros casos que maneja la Cámara, lo que habría originado una superposición del debate sobre las denuncias por el desvío de 400 mil pesos para un Plan de Pavimentación Municipal en 1999.
Las acusaciones vertidas por los fiscales coincidieron en que la ex asesora de imagen durante la gobernación de Pedro Braillard Poccard -diputado electo por el Frente de Todos- autorizó el traslado de equipos de televisión a la sede del Partido Nuevo el 29 de julio de 1997. Dos años más tarde, en 1999, los aparatos habrían sido llevados a un domicilio particular de la principal acusada.
Otra versión había apuntado a que los aparatos habían quedado a disposición de Pedro “Vasco” Schaerer. En tanto, distintos testigos aseguraron ante el Tribunal haberlos vistos instalados en la sede de Eacsa entre 1997 y 1998, bajo la responsabilidad de Amarilla.
La más perjudicada tras los alegatos de la Fiscalía fue Borré, sobre quien se plantearon contradicciones y falta de credibilidad durante sus testimonios. La mujer había acusado, días atrás, a Amarilla por adjudicare supuestos arreglos con el fiscal general César Sotelo.
El botín denunciado por el titular de la DIP durante el Gobierno de la Coalición, tras la salida del Partido Nuevo, el peronista Juan Carlos Cassabone, consta de cámaras filmadoras e islas de edición que habían sido adquiridas a una empresa tucumana por unos 600 mil pesos por Carlos Simón en 1994. Simón, que hoy se desempeña como periodista de Radio Dos (antes pasó por FM Sudamericana) fue Director de Información Pública desde el comienzo del gobierno de Raúl “Tato” Romero Feris. Según juró ante el Tribunal, los equipos en cuestión permanecieron embalados en su despacho durante su gestión.
El juicio continuará el próximo lunes cuando las defensas de los implicados eleven sus alegatos. La jornada se iniciará con la descarga del abogado de Borré -las presentaciones serán en orden alfabético-, Ernesto González, quien en distintas declaraciones a la prensa anticipó que pediría que se reabra una causa por falsos testimonios y documentos fraguados empleados.
PAVIMENTACION
En la Cámara en lo Criminal Nº 2 se investiga en paralelo un supuesto desvío de fondos destinados para un Plan de Pavimentación Municipal en 1999. La causa fue la excusa expuesta por los fiscales Escarlón y Schmitt para la suspender hasta ayer la descarga de sus alegados en el caso Información Público.
Los dos principales implicados, Raúl Romero Feris y Andrés Zidianakis, antiguos Intendente y secretario de Economía respectivamente, fueron citados a declarar nuevamente para el próximo martes en la Casa Patono, para continuar en el debate por el cual se los acusa por el delito de peculado.
