Sin mayores sobresaltos, la defensoría legal de los imputados en el caso por la desaparición de equipos de televisión de la Dirección de Información Pública de la Provincia en 1997 solicitó casi al unísono la nulidad de la elevación a juicio solicitada por la querella y los fiscales, quienes la semana pasada exigieron penas de entre tres y cinco años más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. A pesar de las coincidencias, la asesora de William Amarilla apuntó a responsables superiores y volvió a complicar a Graciela Borré. El Tribunal tendrá cinco días hábiles para decidir el veredicto.
Los alegatos por la desaparición de equipos de televisión valuados en 600 mil pesos en 1997 comenzaron ayer por la mañana y extendieron la audiencia que finalizó recién por la tarde, tras un cuarto intermedio, lo que originó luego una nueva pausa para que el Tribunal se expida sobre la sentencias solicitadas sobre la antigua asesora legal, Graciela Delia Borré; el editor William Arnaldo Amarilla; y el ex titular de la Dirección de Información Pública (DIP), Juan Carlos Karsten.
El defensor de Graciela Borré, Ernesto González, exigió la absolución de su cliente debido a sospechas en las declaraciones de los testigos. El abogado planteó también la inexistencia de un documento que establezca la responsabilidad de la ex asesora legal.
De igual manera, González apuntó “desidia” al Estado provincial en el proceso de investigación tras la desaparición de los equipos. “No se respetaron los tiempos y sólo les importó encontrar algún culpable antes que a los aparatos”, sentenció el abogado.
Los letrados a cargo de la defensa de Karsten, en tanto, lanzaron un amplio fundamento técnico para conseguir la anulación de la elevación a juicio solicitada por la querella a cargo de Ricardo Maldonado y por los fiscales Gustavo Schmitt -de Instrucción- y Rafael Escalón -de Cámara-.
Maldonado había exigido cinco años de prisión para Borré y cuatro para Amarilla -ambos en calidad de coautores- y tres para Karsten, como partícipe necesario. La Fiscalía, sin embargo, pidió un año más para el antiguo encargado de la DIP. Además, para los tres implicados requirieron la inhabilitación absoluta perpetua dentro de la administración pública.
Por la mañana, tanto los abogados de Borré como de Karsten -Nelson Pessoa y Julio Leguizamón- acusaron la “inconsistencia” del juicio luego de argumentar que no existirían documentos probatorios “válidos”. En consecuencia, apuntaron “irregularidades evidentes en el acto procesal” que no habría permitido la realización de un proceso penal rápido.
De esta manera, sostuvieron que sus clientes se encuentran alcanzados por un “proceso ilegal”, por lo que intentaron deslindarse del caso al no responder “a los vicios del proceso que es responsabilidad del Estado”. Los alegatos de la defensa de Borré y Karsten fueron adheridos luego en gran parte por la abogada de Amarilla, Graciela Schiffo.
Schiffo reconoció que su defendido fue quien redactó el inventario de los equipos que fueron trasladados y que sólo acató órdenes de sus superiores. “Si sabía lo que estaba pasando, no hubiese firmando y si supiera donde están los equipos, los devolvería”, había asegurado Amarilla, quien constató el traslado de los equipos el 27 de julio de 1997 a la sede de Eacsa, donde habrían funcionado por dos años.
La defensa de Karsten alegó, en tanto, que a pesar de que a su cliente se lo acusa de “no haber impedido la sustracción, favoreciendo y cooperando así la concreción del hecho”, aunque alegaron que los equipos desaparecidos “no se encontraban bajo su custodia jurídica y material”, por lo que desligaron su responsabilidad sobre las imputaciones.
En este sentido, los abogados explicaron desde su posición que “la custodia estaba a cargo del Departamento de Revisión y Tesorería de acuerdo a lo expuesto en el organigrama de la repartición”. De esta manera dejaron constancia que “nuestro defendido no era garante y en todo caso era solamente vigilante y controlador”.
Karsten por dos
Mientras tanto, al ex director de Información Pública también se acusó por falsificación de documentos hace cinco años, mientras lo buscaba la Justicia correntina. Por la causa, enfrenta una pena exigida por la Fiscalía de tres años.
Su abogado tendrá lugar hoy a derecho de réplica y con su palabra finalizará la etapa previa a la decisión del veredicto.
Tras los alegatos de los implicados, la situación volvió a volcarse en contra de Graciela Borré, a quien se la mostró como la responsable de los equipos al momento del traslado -lo que fue negado por ella-. Además, algunas versiones señalaron que los aparatos habían sido llevados luego hacia un destino particular de la ex asesora de imagen, último destino conocido.
Ahora, el Tribunal conformado por los magistrados Eduardo Panseri, Cinthia Teresita Godoy Prats y María Elisa Morilla de Sanserri, tendrá cinco días hábiles expedirse sobre las acusaciones elevadas por la querella y los fiscales sobre la desaparición de costosos aparatos pertenecientes al Estado provincial, durante la gobernación de Pedro Braillard Poccard.
Los alegatos por la desaparición de equipos de televisión valuados en 600 mil pesos en 1997 comenzaron ayer por la mañana y extendieron la audiencia que finalizó recién por la tarde, tras un cuarto intermedio, lo que originó luego una nueva pausa para que el Tribunal se expida sobre la sentencias solicitadas sobre la antigua asesora legal, Graciela Delia Borré; el editor William Arnaldo Amarilla; y el ex titular de la Dirección de Información Pública (DIP), Juan Carlos Karsten.
El defensor de Graciela Borré, Ernesto González, exigió la absolución de su cliente debido a sospechas en las declaraciones de los testigos. El abogado planteó también la inexistencia de un documento que establezca la responsabilidad de la ex asesora legal.
De igual manera, González apuntó “desidia” al Estado provincial en el proceso de investigación tras la desaparición de los equipos. “No se respetaron los tiempos y sólo les importó encontrar algún culpable antes que a los aparatos”, sentenció el abogado.
Los letrados a cargo de la defensa de Karsten, en tanto, lanzaron un amplio fundamento técnico para conseguir la anulación de la elevación a juicio solicitada por la querella a cargo de Ricardo Maldonado y por los fiscales Gustavo Schmitt -de Instrucción- y Rafael Escalón -de Cámara-.
Maldonado había exigido cinco años de prisión para Borré y cuatro para Amarilla -ambos en calidad de coautores- y tres para Karsten, como partícipe necesario. La Fiscalía, sin embargo, pidió un año más para el antiguo encargado de la DIP. Además, para los tres implicados requirieron la inhabilitación absoluta perpetua dentro de la administración pública.
Por la mañana, tanto los abogados de Borré como de Karsten -Nelson Pessoa y Julio Leguizamón- acusaron la “inconsistencia” del juicio luego de argumentar que no existirían documentos probatorios “válidos”. En consecuencia, apuntaron “irregularidades evidentes en el acto procesal” que no habría permitido la realización de un proceso penal rápido.
De esta manera, sostuvieron que sus clientes se encuentran alcanzados por un “proceso ilegal”, por lo que intentaron deslindarse del caso al no responder “a los vicios del proceso que es responsabilidad del Estado”. Los alegatos de la defensa de Borré y Karsten fueron adheridos luego en gran parte por la abogada de Amarilla, Graciela Schiffo.
Schiffo reconoció que su defendido fue quien redactó el inventario de los equipos que fueron trasladados y que sólo acató órdenes de sus superiores. “Si sabía lo que estaba pasando, no hubiese firmando y si supiera donde están los equipos, los devolvería”, había asegurado Amarilla, quien constató el traslado de los equipos el 27 de julio de 1997 a la sede de Eacsa, donde habrían funcionado por dos años.
La defensa de Karsten alegó, en tanto, que a pesar de que a su cliente se lo acusa de “no haber impedido la sustracción, favoreciendo y cooperando así la concreción del hecho”, aunque alegaron que los equipos desaparecidos “no se encontraban bajo su custodia jurídica y material”, por lo que desligaron su responsabilidad sobre las imputaciones.
En este sentido, los abogados explicaron desde su posición que “la custodia estaba a cargo del Departamento de Revisión y Tesorería de acuerdo a lo expuesto en el organigrama de la repartición”. De esta manera dejaron constancia que “nuestro defendido no era garante y en todo caso era solamente vigilante y controlador”.
Karsten por dos
Mientras tanto, al ex director de Información Pública también se acusó por falsificación de documentos hace cinco años, mientras lo buscaba la Justicia correntina. Por la causa, enfrenta una pena exigida por la Fiscalía de tres años.
Su abogado tendrá lugar hoy a derecho de réplica y con su palabra finalizará la etapa previa a la decisión del veredicto.
Tras los alegatos de los implicados, la situación volvió a volcarse en contra de Graciela Borré, a quien se la mostró como la responsable de los equipos al momento del traslado -lo que fue negado por ella-. Además, algunas versiones señalaron que los aparatos habían sido llevados luego hacia un destino particular de la ex asesora de imagen, último destino conocido.
Ahora, el Tribunal conformado por los magistrados Eduardo Panseri, Cinthia Teresita Godoy Prats y María Elisa Morilla de Sanserri, tendrá cinco días hábiles expedirse sobre las acusaciones elevadas por la querella y los fiscales sobre la desaparición de costosos aparatos pertenecientes al Estado provincial, durante la gobernación de Pedro Braillard Poccard.
