Con la lectura de la sentencia que determina prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y resarcimiento económico a la que fueron condenados Juan Carlos Carlos Karsten, Graciela Borre y William Amarilla concluyó ayer el juicio oral y público por la desaparición de equipos de televisión de la Dirección de Información Pública de la Gobernación, cuyo destino final sigue siendo una incognita. Las casi cuatros semanas de audiencia y debate en la Sala de la Cámara del Crimen Nº 2 no lograron arrojaron luz sobre el paradero del costosísimo equipamiento adquirido con dinero del erario público, apenas se pudo reconstruir parte del camino que transitaron los artefactos luego de ser sacados de Casa de Gobierno.
Las versiones contradictorias de dos de los principales imputados le agregaron más interrogantes a la causa y colocó en un cono de sombra la cuestión medular del juicio: la responsabilidad del insólito traslado de bienes del Estado a una sede partidaria. El Tribunal resolvió el complejo dilema con un fallo que los condenados consideraron arbitrario. Castigó a Karsten (ex director de Información Pública) con 5 años de prisión, mientras a Graciela Borré (publicista del organismo) le adjudicaron 4 años de prisión y a William Amarilla (camarógrafo) 3 años de prisión.
Borré y Amarilla reconocieron haber participado del retiro de los equipos, una decisión que no fue autoría de Karsten. Durante el juicio, William Amarilla dijo que Borré le había ordenado llevar los equipos a la sede del Partido Nuevo. También aseguró que luego (con la caída del Gobierno del Partido Nuevo) los elementos fueron a parar al domicilio de Borré.
La publicista en tanto señaló que la orden de retirar los equipos de TV provino de la Secretaría General de la Gobernación y mencionó a Luis Zvedeñiuk.
Ni Amarilla y ni Borré inculparon a Karsten, que finalmente terminó recibiendo la pena mayor. Ayer, tras la lectura de la sentencia, el ex Director de Información Pública se quejó de la decisión del Tribunal. “Esto es absurdo, me dieron una pena más alta que a los autores del delito”, dijo cuando se retiraba del recinto.
Karsten que se negó a declarar ante los jueces dijo que no estaba obligada a probar su inocencia, “el Estado tiene que demostrar que soy culpable y aquí no se pudo establecer mi culpabilidad, por el contrario, solamente por hacer firmar una constancia de retiro de los equipos terminó condenado”, explicó.
El ex funcionario resultó absuelto en la causa por falsificación de documento, pero sin embargo el Tribunal no hizo lugar al planteo de nulidad que habían presentados sus defensores Nelson Pessoa y Ramón Leguizamón. El principal argumento de los abogados es que Karsten no firmó ninguna documentación sobre los equipos, ni siquiera al momento de ser ingresados a Casa de Gobierno, de lo cual se encargó Borré.
Señalaron, en ese sentido, que las fotocopias del inventario de bienes y de recibos presentados en el proceso no están certificadas lo cual amerita que sean revocadas como documentos probatorios. Además dicen que el Tribunal incurrió imprecisión en la tipificación del delito y a esto se suma “deficiencia en la requisitoria fiscal” y “el ingreso de datos imprevistos en el acto de procesamiento” que no le posibilitó a los imputados ejercer su derecho a “un proceso penal rápido”.
“Afortunadamente el sistema judicial argentino prevé distintas instancias y ésta es sólo una de ellas. Acudiremos en queja ante el Superior Tribunal de Justicia”, señaló Karsten al final de la jornada en la que dijo sentirse “tranquilo”.
Graciela Borré también protestó -ante la prensa- por el fallo de la Cámara. Aseguró que se trataba de una sentencia teñida por la política. Los acusados adelantaron que recurrirán al Superior Tribunal de Justicia, que de todos modos tiene que confirmar lo resuelto durante el juicio.
El fallo N °138 de la Cámara en lo Criminal N° 2, que integran Alejandro Pancieri, Elisa Morilla de Sanserri y Teresita Godoy Prats fue leído pasadas las 13 de ayer ante los imputados que aguardan de pie y junto a sus abogados.
En paralelo a la orden de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, la Cámara hizo lugar a la acción civil resarcitoria para reponer los equipos robados o su equivalente en dinero, un monto superior a los 150 mil pesos.
Finalmente el Tribunal determinó que el día 16 de diciembre (el viernes próximo) expondrán los fundamentos de la condena emitida. Luego de esa fecha, la defensa tendrá 10 días hábiles para interponer su recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, un camino que los acusados ya adelantaron habrán de transitar “en busca de Justicia”.
Las versiones contradictorias de dos de los principales imputados le agregaron más interrogantes a la causa y colocó en un cono de sombra la cuestión medular del juicio: la responsabilidad del insólito traslado de bienes del Estado a una sede partidaria. El Tribunal resolvió el complejo dilema con un fallo que los condenados consideraron arbitrario. Castigó a Karsten (ex director de Información Pública) con 5 años de prisión, mientras a Graciela Borré (publicista del organismo) le adjudicaron 4 años de prisión y a William Amarilla (camarógrafo) 3 años de prisión.
Borré y Amarilla reconocieron haber participado del retiro de los equipos, una decisión que no fue autoría de Karsten. Durante el juicio, William Amarilla dijo que Borré le había ordenado llevar los equipos a la sede del Partido Nuevo. También aseguró que luego (con la caída del Gobierno del Partido Nuevo) los elementos fueron a parar al domicilio de Borré.
La publicista en tanto señaló que la orden de retirar los equipos de TV provino de la Secretaría General de la Gobernación y mencionó a Luis Zvedeñiuk.
Ni Amarilla y ni Borré inculparon a Karsten, que finalmente terminó recibiendo la pena mayor. Ayer, tras la lectura de la sentencia, el ex Director de Información Pública se quejó de la decisión del Tribunal. “Esto es absurdo, me dieron una pena más alta que a los autores del delito”, dijo cuando se retiraba del recinto.
Karsten que se negó a declarar ante los jueces dijo que no estaba obligada a probar su inocencia, “el Estado tiene que demostrar que soy culpable y aquí no se pudo establecer mi culpabilidad, por el contrario, solamente por hacer firmar una constancia de retiro de los equipos terminó condenado”, explicó.
El ex funcionario resultó absuelto en la causa por falsificación de documento, pero sin embargo el Tribunal no hizo lugar al planteo de nulidad que habían presentados sus defensores Nelson Pessoa y Ramón Leguizamón. El principal argumento de los abogados es que Karsten no firmó ninguna documentación sobre los equipos, ni siquiera al momento de ser ingresados a Casa de Gobierno, de lo cual se encargó Borré.
Señalaron, en ese sentido, que las fotocopias del inventario de bienes y de recibos presentados en el proceso no están certificadas lo cual amerita que sean revocadas como documentos probatorios. Además dicen que el Tribunal incurrió imprecisión en la tipificación del delito y a esto se suma “deficiencia en la requisitoria fiscal” y “el ingreso de datos imprevistos en el acto de procesamiento” que no le posibilitó a los imputados ejercer su derecho a “un proceso penal rápido”.
“Afortunadamente el sistema judicial argentino prevé distintas instancias y ésta es sólo una de ellas. Acudiremos en queja ante el Superior Tribunal de Justicia”, señaló Karsten al final de la jornada en la que dijo sentirse “tranquilo”.
Graciela Borré también protestó -ante la prensa- por el fallo de la Cámara. Aseguró que se trataba de una sentencia teñida por la política. Los acusados adelantaron que recurrirán al Superior Tribunal de Justicia, que de todos modos tiene que confirmar lo resuelto durante el juicio.
El fallo N °138 de la Cámara en lo Criminal N° 2, que integran Alejandro Pancieri, Elisa Morilla de Sanserri y Teresita Godoy Prats fue leído pasadas las 13 de ayer ante los imputados que aguardan de pie y junto a sus abogados.
En paralelo a la orden de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, la Cámara hizo lugar a la acción civil resarcitoria para reponer los equipos robados o su equivalente en dinero, un monto superior a los 150 mil pesos.
Finalmente el Tribunal determinó que el día 16 de diciembre (el viernes próximo) expondrán los fundamentos de la condena emitida. Luego de esa fecha, la defensa tendrá 10 días hábiles para interponer su recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia, un camino que los acusados ya adelantaron habrán de transitar “en busca de Justicia”.
