Ferrini criticó el sistema procesal vigente y lo definió como esquizofrénico

Por Melisa Vega

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Desde el 8 de mayo que el Tribunal Oral Federal es sede del juicio por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar argentina a doce víctimas, siete de los cuales eran militantes de las Ligas Agrarias correntinas. El fiscal Federal Flavio Ferrini, en su alegato, arrojó fuertes críticas al sistema penal vigente, el cual según sus palabras sufre de “esquizofrenia”.

La Fiscalía pidió la pena mayor para el ex jefe de la Gendarmería en la zona, Domingo Issler. A su vez, solicitó seis años de prisión para un ex militar y cinco para otros cuatro, mientras que postuló la absolución de un acusado por falta de pruebas.

En conversación conellitoral.com.ar, el fiscal explicó que esta esquizofrenia “se nota mucho en casos complejos como los de lesa humanidad donde no existen divisiones de funciones y nadie conoce el juego del proceso penal”.

Asimismo aseguró que en este tramo final, en referencia a los alegatos, se encuentran parados bajo la “titularidad de la acción concebido por el Ministerio Público ante una recolección de pruebas y un trabajo realizado por el juez”. En ese sentido remarcó que la esquizofrenia se debe a la decisión arbitraria del mismo quien consideró las importancia de las pistas  bajo su visión de los hechos y su lógica de imputación.

Ferrini aclaró que esto debería ser abordado por el Ministerio Público quien posee “por atribución constitucional” el diseño de política criminal para decidir la lógica de imputación, y expresó que “han notado casos donde se ha segmentado las actuaciones de determinados imputados a tramos muy específicos del hecho”, descartando una visión global de lo que le aconteció a la víctima.

Según palabras del letrado, es sabido que "aquel terrorismo de Estado fue parte de un plan sistemático perfectamente orquestado para atacar a la población civil” planteándose nuevamente, cuál sería la necesidad de segmentar tramos dentro de algo ideado de determinada manera.

Esta separación de los hechos ha llevado a que varios imputados que no han sido reconocidos o han fallecido queden impunes porque se los investiga desde una mirada parcial  y temporal: “Quién secuestró dentro de un plan organizado es coautor en todo el tramo de lo que  ocurra y no solamente de una parte segmentada” expresa explicando que “de lo contrario el grupo que actuó tendría únicamente responsabilidad penal por haber producido privación de libertad” y no por todo lo que siguió después, como las torturas, amenazas u hostigamientos.

Sentencias

En cuanto al pedido de penas para los diferentes imputados que tuvieron a su cargo diferentes víctimas,  Ferrini aclaró que se trabaja de manera respetuosa a las  “garantías de los derechos constitucionales para las personas que son sometidas a juicio, que es juzgarlos con el sistema vigente” y sostuvo que “el código penal está previsto para situaciones de normalidad, no para hechos tan graves como aquellos producidos en ese momento”.

En el caso concreto de Figueredo, quien fue desaparecido por las fuerzas militares en el 77, explicó que “concurre el agravante en los casos donde esa privación dura más de un mes” algo que definió como “ridículo” ya que no se volvió a conocer el paradero de la víctima, por lo que aseguró que se sabe que en este caso existió un “homicidio agravado”.

“Quién secuestró dentro de un plan organizado es coautor en todo el tramo de lo que  ocurra y no solamente de una parte segmentada” 

En este marco la sentencia que se pide para Julio Contreras, quien es el principal acusado de la desaparición de Figueredo fue de seis años, hecho que el entrevistado comparó con la escala penal “que le corresponde a una persona que cometió una estafa con un cheque”, por lo que sostuvo que no se puede aplicar la ley actual a hechos que ocurrieron hace muchos años y  siguen siendo juzgados desde la ley más benigna.

Siguiendo con esta “esquizofrenia” del sistema procesal penal, se ubica el pedido de absolución para López Ferro, ex Jefe de la Sección Comando y Servicios del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional ya que “el juez sostuvo que en ese tramo de esa privación de libertad  no había ilegitimidad”.

Al mismo tiempo no se pudo comprobar algunas manifestaciones de las víctimas respecto al rol de López Ferro, esto se debió a la debilidad de la investigación, situación que no logró el estado de certeza que en esta instancia se requiere, por lo que se procedió al pedido de absolución.

Otra fue la situación de Issler, quien es acusado de ser el autor mediato de la privación ilegal de la libertad  de nueve víctimas y tuvo un pedido de pena de 25 años. Ante esto, Ferrini aclaró que “aunque se logre una escala más alta por haberse sumado la cantidad de víctimas, no significa que la pena siga siendo exigua para el grado de injusticia que se reprocha”.

“El código penal está previsto para situaciones de normalidad, no para hechos tan graves como aquellos producidos en ese momento”.

En ese marco explicó que se tuvo en cuenta otra garantía para las personas imputadas, donde el pedido fue tenido en cuenta al “máximo previsto” para el tipo de pena de aquella época.

A su vez, volvió a criticar el sistema ya que “se tomaron como privaciones simples y segmentaron las pruebas” juzgandolo únicamente por el periodo de tiempo en que estas personas estuvieron alojadas en Gendarmería, cuando sufrieron la privación de su libertad y fueron  sometidas a otros hechos más graves”. Finalizando, el fiscal aseguró que “pedir el máximo de penas es al menos una manera de dar respuesta a la sociedad” ante hechos de esta dimensión.

Mañana se conocerá la sentencia que se dará a los acusados. Será a las 8.30 en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.