“Abogado del Niño”, una figura ausente en la provincia

Debido a que en Corrientes aún no se implementa el “Abogado del Niño”, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) solicitó a los colegios que nuclean a estos profesionales que elaboren un listado de los matriculados que quieran desempeñarse en tal figura. Desde el Colegio de  Abogados de Capital entienden que el Estado es quien debe hacerse cargo de realizar la designación de este tipo de letrado, que busca proteger los derechos de los menores de edad en causas judiciales.

En virtud de cumplir con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; en su última reforma constitucional en 2007 Corrientes adhirió a la implementación de los “Abogados del Niño”. Se trata de una figura que busca “representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes en todo procedimiento judicial o administrativo que los afecte”.

Si bien la Provincia reglamentó finalmente esta figura hace algunos años, otorgándole un espacio y presupuesto en el STJ, lo cierto es que estos letrados especializados (cuyo trabajo debe ser ad honorem) no existen en la actualidad. Hay, sin embargo, una “Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, aunque la labor es distinta.

Ante esta situación, la semana pasada desde el STJ solicitaron a los colegios de abogados de la provincia realizar un listado de sus profesionales matriculados, que estén dispuestos a cumplir con lo requerido por la figura. En el Superior Tribunal tomaron como referencia una prueba piloto que se está realizando en el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial de Goya, de un registro de letrados matriculados para desempeñarse como “Abogados del Niño”.

“Recibimos este pedido el viernes, tenemos conocimiento del trabajo que se está haciendo en Goya al respecto, pero estamos viendo la posición que adoptaremos al respecto”, comentó a El Litoral el presidente del Colegio de Abogados en Capital, Ricardo Villar. Según detalló el representante de los juristas, la incertidumbre puesta se basa en que “la Provincia tienen una deuda enorme con este tema, cuenta con la ley reglamentada, el presupuesto, pero no se aplica”.

Villar señaló que “no vemos bien que el Estado se despegue de una de sus obligaciones, y delegue a los colegios la búsqueda de una figura legal que no le corresponde”. “Consideramos que es una forma de desentenderse del problema, y además se impone una carga pública a los colegios, y de manera ad honorem”, añadió.

La Provincia tiene una enorme deuda en cuanto a la aplicación del ‘Abogado del Niño’. La ley está reglamentada, tiene presupuesto, pero la figura no se implementa en Corrientes. Ricardo Villar

Presidente del Colegio de Abogados de Corrientes.

Corrientes, en deuda

De acuerdo con lo indicado por Villar, Corrientes es “una de las pocas provincias” en las que aún no se implementan los abogados del niño. “Acá nomás en Chaco se está usando la figura, y de hecho esta semana está previsto que se realice una capacitación sobre derechos de los niños, y la labor de los abogados especializados”, manifestó.

En la provincia han surgido varios casos en los que niños y niñas fueron protagonistas por diferentes causas judiciales, como por ejemplo, el bebé que fue golpeado y que su familia del corazón aún espera por una definición legal para su tenencia o posible adoptabilidad.

Esta y otras situaciones son las que deben estar mediadas por el abogado del niño, ya que la ley indica que los menores de edad cuyos derechos estén siendo vulnerados deben ser asistidos “por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya”.

El presidente del Colegio explicó que “la figura del ‘Abogado del Niño’ tiende a que los menores de edad tengan una representación propia”, por ende su importancia, que resulta también una intervención como “voz y voluntad” del niño o niña en un conflicto.

El dato

La figura del “Abogado del Niño” se implementó en Corrientes durante la última reforma constitucional en 2007, en virtud de cumplir con la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.