Proyecto de ley busca incorporar controles médicos en escuelas por adicciones

En la Cámara de Diputados se presentó a fines de marzo un proyecto de ley que tiene como objetivo incorporar en las escuelas un “sistema de prevención y detección temprana, permanente e integral de adicciones”. La propuesta busca sumar personal médico a los colegios, de manera que estos puedan colaborar con el “control y la detección” de posibles casos de adicción a sustancias, según explicó a El Litoral el legislador Ariel Báez, autor del proyecto.

“Más allá de la detección y el control, lo cual se mantendrá en privado y se trabajará en conjunto con los asesores pedagógicos con los que cuente la escuela, la idea es que los profesionales puedan conversar con los chicos y poder ver si alguno está pasando por una situación de consumo, para ayudarlo”, explayó el diputado. También aclaró que “no necesariamente tiene que haber un médico por cada colegio, ya que está la posibilidad de que el Ejecutivo reglamente la ley como le parezca más adecuado, pudiendo haber un profesional por barrio o por zona”.

El proyecto de ley establece que el personal médico tendrá autorización para “coordinar, cooperar e  instruir a los alumnos (...) como así también al control físico” de los mismos con “previa autorización de tutores”. “El personal médico de manera coordinada con las autoridades educativas (...) brindará los contenidos preventivos de orden sanitario que desarrollen  el conocimiento  de determinados temas específicos”, sostiene el texto.

Discrepancia

Si bien el proyecto de ley aún no tomó estado parlamentario, algunas organizaciones que trabajan con la temática de adicciones manifestaron su desacuerdo con la propuesta. Según especificaron, la misma “atenta contra la intimidad” de los estudiantes, además de que los “estigmatiza” y desconoce la impronta multidisciplinaria que pregona la Ley de Salud Mental.

“Es un atentado a la integridad, la dignidad, la identidad e intimidad familiar de todo niño, niña y adolescente que deba someterse a semejante supuesto sistema de prevención”, resaltaron desde la Red de Psicólogos Corrientes por medio de un comunicado que acercaron a este medio. Los profesionales que integran esta entidad también señalaron que “la presencia de un médico, con las características con que se plantea en este proyecto, emana un carácter controlador y hasta violento”; y que el abordaje del problema en esta propuesta está limitado a “sólo visualizar el supuesto hecho del consumo, focalizando enfáticamente en la sustancia y excluyendo todos los demás elementos de importancia cultural y social que impregnan la vida de un sujeto”.

Por su parte, desde la Asociación Pensamiento Penal (APP) Corrientes también se emitieron al respecto, puntualizando en que el proyecto “se sustenta en un paradigma biologicista”, dejando a un costado “el imperativo interdisciplinario desarrollado en la Ley 26.657 para todo abordaje en el campo de la salud mental”.

En ese sentido, recomendaron que “para involucrarse en el tratamiento del consumo problemático de sustancias” como una falencia social, dentro del ámbito educativo, se deben “desterrar los mitos inherentes a la temática y trabajar en el refuerzo de las autonomías y en el empoderamiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes”.