La Oficina Anticorrupción presentará mañana una Resolución de su titular, Laura Alonso, donde plantea que el presidente Mauricio Macri “no vulneró las normas de ética pública” en el caso del Correo Argentino, empresa que pertenece a su padre Franco, sus hermanos e hijos.
El organismo “no detectó ninguna participación del Presidente” en el polémico acuerdo que firmó el Gobierno con el Grupo Macri, decisión que hace más de un año fue duramente cuestionada por la fiscal Gabriela Boquín.
Pese a que la fiscal Boquín dictaminó que era “palmaria” la existencia “de un conflicto de interés” entre Macri y sus funcionarios, la Resolución de la Oficina Anticorrupción (OA) plantea que no hubo irregularidades en las actuaciones de Macri, del ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ni del entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa, ya que la prohibición de intervenir al Presidente no se transmite al resto de los funcionarios.
La OA cuestionó el dictamen de la fiscal Boquin, que llevaría a “una parálisis total del funcionamiento estatal” si se siguiera su “particular tesitura”.
En un encuentro con la prensa, Laura Alonso explicó los alcances de la Resolución: “Pese a lo que dictaminó la fiscal Boquín, Macri no transgredió el régimen de conflicto de intereses, ni omitió su deber de abstención en los temas vinculados al Correo”, dijo Alonso.
Y determinó que Macri “debe abstenerse de intervenir” en forma directa en cualquier asunto vinculado al Correo Argentino y a sus empresas controlantes Socma y Sideco, “dado que familiares directos poseen intereses financieros en ellos”.
Esa prohibición no es extensiva a los funcionarios del Gobierno, que deben intervenir para resolver un conflicto que el Estado arrastra desde hace 15 años, cuando Néstor Kirchner decidió cancelar la privatización del Correo.
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los $296 millones y entró en concurso de acreedores.
En 2003 Kirchner dio de baja esa concesión. Desde entonces, los ex dueños del Correo incrementaron su participación en la empresa controlante y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por $1.700 millones, para compensar las inversiones realizadas.
