Desalojos: con causas judiciales de casi 10 años, reclaman políticas habitacionales preventivas

Según el último relevamiento realizado a nivel nacional, en la ciudad hay alrededor de 60 asentamientos informales, lo que convierte a Corrientes en una de las capitales de provincia con más cantidad de tierras tomadas. Muchas de ellas fueron ocupadas por familias hace años y varias se encuentran en litigio judicial, con pedidos de desalojo por parte de los propietarios.

Sobre esta cuestión, El Litoral consultó a la defensora de Pobres y Ausentes, Nora Maciel, quien expresó que “son terrenos cuya propiedad está comprobada, pero también es cierto que las personas viven en ese lugar hace bastante tiempo”, señaló la profesional que defiende a varios grupos familiares que habitan en asentamientos capitalinos. 

Lo cierto es que, más allá del pedido de los dueños de las tierras, los procesos judiciales de este tipo son a largo plazo. Según indicaron, la causa más nueva de este tipo que tiene en su oficina es de dos años, mientras que hay otras que llegan hasta los ocho de antigüedad. Al respecto, Maciel señaló que “son causas complejas, porque hay que individualizar las familias y es un proceso que demora por ejemplo, para hacer llegar las notificaciones”.

Es que, según comentó la titular de la Defensoría judicial, además, la situación de las tomas son cambiantes y eso genera también complicaciones. “Es prácticamente imposible saber la cantidad de familias, porque la población varía constantemente”. Y agregó: “Los jóvenes tienen hijos y forman sus propias familias, y a veces cuando visitamos los lugares ya existen habitaciones anexas o algunos se fueron y llegaron nuevos”.

En el ámbito civil, hay al menos seis o siete causas en las que los dueños piden el desalojo del predio, ya sea de propiedad privada o pública. Entre ellos, puede mencionarse uno sobre la calle Alberto Olmedo, cerca del lugar conocido popularmente como el “puente negro”, en el Pirayuí. Además, hay varios otros como uno sobre Ruta 12 y avenida Maipú, el del barrio San Roque Este y uno en el Doctor Montaña. 

En la mayoría de los casos, los movimientos judiciales son escasos y no llegan a la instancia de desalojo. Incluso, la situación es similar en el ámbito penal, donde hay litigios como el del Pirayuí, en el que los dueños no lograron conseguir liberar el terreno tomado.

Asistencia

Desde la Defensoría que lleva las causas mencionadas apuntan a la necesidad de que se brinden soluciones o alternativas a las familias que habitan en asentamientos irregulares en la ciudad. 

Sobre esta cuestión, Nora Maciel expresó que “no se desconoce al propietario privado, sino que entendemos que antes de iniciar un desalojo colectivo tienen que intervenir los distintos estamentos del Estado y brindar alternativas”. Asimismo, explicó que “hay mucha doctrina respecto a las usurpaciones y queda en evidencia que el Estado no desarrolló políticas habitacionales a modo preventivo”.

En tanto, la situación en la que se encuentran los predios baldíos es otra de las situaciones que desde algunos sectores consideran importante atender y poder clarificar.  En este sentido, desde la Defensoría de Pobres y Ausentes señalaron que hay grandes terrenos en pocas manos, por lo que resulta necesario un relevamiento de tierras. Al respecto, Nora Maciel advirtió que “hay terrenos privados que no se limpian ni se desmalezan, además que no pagan impuestos y se activan sólo cuando la zona comienza a urbanizarse”, finalizó.