Pobladores preocupados porque avanzaría la instalación de una cárcel federal en Ituzaingó

Una de las instalaciones que en Ituzaingó albergó a quienes trabajaron en la construcción de Yacyretá, conocida como “campamento G3” podría convertirse en una cárcel federal. Esto sería parte de un proyecto sobre el que meses atrás ya hablaron tanto funcionarios provinciales como nacionales y que resurgió el último viernes con la difusión de una resolución que habría emitido la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y la presencia de efectivos del Servicio Penitenciario. Un grupo de vecinos insistieron en que les preocupa la instalación de una prisión porque consideran que no contribuiría al desarrollo sustentable de la comunidad. 

El citado inmueble de unas 16 hectáreas, donde el área construida representa 39.246 metros cuadrados, está bajo la jurisdicción de la Aabe. Y si bien un par de empresas funcionan en el lugar y varias familias viven allí, años atrás surgió la propuesta de instalar allí una Escuela de Gerdamería.  Por ello, las autoridades municipales realizaron gestiones a nivel nacional e inclusive en febrero del 2015 hubo una reunión entre los entonces integrantes del Ejecutivo Municipal y representantes del citado organismo nacional a fin de avanzar en la ejecución del proyecto. Considerando en este punto que previamente era necesario lograr que las instalaciones fueran liberadas y luego refaccionadas para así estar en condiciones de albergar a los futuros integrantes de la Escuela de Gendarmería.

Sin embargo, esto no se concretó aunque -según lo manifestado desde la población a este medio- un par de efectivos de la fuerza nacional siempre custodiaban el predio.

Nuevo destino

Tras el naufragio de aquel proyecto, la utilización del campamento G3 volvió a ser protagonista de una nueva propuesta: convertirse en una cárcel federal.

Esto fue planteado en marzo pasado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich durante la quema de 20 toneladas de marihuana que se concretó en un aserradero de Santiago de Liniers (Misiones).

Una posibilidad que fue confirmada en una conferencia de prensa realizada el pasado 7 de mayo en Casa de Gobierno de la que participaron autoridades provinciales e inclusive el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Objeción

“Enterados de esa noticia, en forma personal y por mensajes de texto, muchos comenzamos a preguntarnos de qué se trataba. No éramos pocos los que comenzamos a plantear que no era conveniente para nuestra ciudad tener una cárcel federal, especialmente porque creemos que no generará beneficios”, plantearon integrantes del grupo que se conformó meses atrás para objetar el proyecto de instalar una cárcel federal en Ituzaingó.

Al mismo tiempo aclararon que sus objeciones no se circunscribieron a charlas o  mensajes de Whatsapp, sino que resolvieron plasmarlas en un escrito dirigido tanto a integrantes del Ejecutivo y del Legislativo, tanto municipal como provincial.

Durante dos jornadas se congregaron en una plaza y redactaron un documento que fue firmado por más de 1.600 personas.

“Como no obtuvimos respuestas de ningún funcionario, solicitamos usar la Banca del Vecino en el Concejo para explicar por qué consideramos que no brinda ningún beneficio tener una cárcel federal en Ituzaingó. Pero nos respondieron que el pedido debía realizar un habitante, no como un grupo. Entonces, propusimos a una de las integrantes que finalmente expuso el pasado 4 de julio”, comentaron a El Litoral.

Sin embargo, acotaron, que “en aquella oportunidad no nos tomaron en serio. Dijeron que supuestamente todo era una confusión, pero parece que no es así”.

Medidas

Transcurrieron más de 20 días de aquel planteo en el recinto legislativo y parecía que el tema quedó en el olvido. Pero el último viernes se registraron dos acontecimientos que hicieron resurgir el alerta de los vecinos sobre la potencial instalación de una cárcel federal en Ituzaingó.

“El personal de Gendarmería que custodiaba el predio del campamento se fue y en su lugar quedaron dos integrantes del Servicio Penitenciario. Pero además trascendió una resolución de la Aabe emitida el pasado miércoles 25”, comentaron. Tras lo cual precisaron que en ese documento, las autoridades de la Agencia de la Administración de Bienes del Estado resolvieron asignar el predio y las construcciones del campamento G3 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-Servicio Penitenciario Federal.

Asimismo, en el artículo 2 de la mencionada resolución, facultan a los nuevos destinatarios a “iniciar todas las acciones judiciales que entienda conveniente para garantizar el resguardo, integridad y disponibilidad de los inmuebles bajo su jurisdicción o custodia”.

Al tomar conocimiento de esto, algunos integrantes del grupo que no están de acuerdo con la cárcel fueron a intentar dialogar con las autoridades “pero justo está la feria, así que el lunes recién podremos dialogar con los concejales. Ayer (viernes) sólo logramos charlar con el viceintendente, pero él nos manifestó que no tenía información oficial sobre el tema. Por lo que se comprometió a realizar las averiguaciones. Igual el martes iremos nuevamente a la Intendencia”, anticiparon.

Seguridad

Con respecto a los argumentos de por qué objetan el proyecto para la cárcel federal, indicaron que son los mismos que una de las miembros del grupo expuso en la Banca del Vecino el pasado 7 de julio.

“Nos parece riesgoso que presos por delitos federales estén a pocos kilómetros de aguas paraguayas, es decir, en caso de huir podrían en poco tiempo estar en otro país. Tampoco se generará mano de obra porque para hacer los trabajos -por cuestiones de seguridad- tenemos entendido que traen personal específico del Servicio Penitenciario”, plantearon. A su vez, añadieron “tampoco el personal luego sería de Ituzaingó, al menos en un corto y mediano plazo porque para trabajar allí, hay que estudiar tres años en Buenos Aires y cumplir una serie de requisitos”.

“Esperamos que a partir del lunes las autoridades nos brinden respuestas, pero seguimos sosteniendo que no queremos una cárcel federal”, concluyeron.