Los “cuadernos” del Nordeste

Por Alberto Medina Méndez

amedinamendez@gmail.com

@amedinamendez

El caso ha sorprendido a muchos por lo burdo, pero no por su contenido. La corrupción es un fenómeno demasiado presente en estas tierras como para constituirse en una gran novedad que sorprenda a la comunidad.

La gente intuye que aun sin muchas precisiones, la política mantiene una relación muy aceitada con un vigoroso sector del empresariado prebendario y que, en ese ámbito, se gestan negocios sucios que nadie puede confesar.

En esta ocasión, lo que perturba en demasía es que esta “megacausa” judicial que ha tomado estado público, ha debutado con la difusión de documentos que aportan múltiples detalles.

Se ha dicho que esta movida mediática resulta muy funcional para los intereses de un oficialismo que está bastante debilitado políticamente y que precisa de “distractores”, como estos, para recuperar la iniciativa.

Eso es absolutamente posible y hasta verosímil, pero aun bajo la hipótesis de que esa temeraria afirmación sea veraz, eso no cambia para nada la gravedad de lo denunciado y de sus infinitas derivaciones.

Se puede cuestionar moralmente ese oportunismo e incluso acusar jurídicamente a quienes eligieron el momento para instalar este asunto, pero eso no convierte mágicamente a este hecho en intrascendente.

Esta vez, la Justicia no sólo se ocupó de los políticos, de los funcionarios de un gobierno, sino que también han sido encarcelados varios empresarios sospechados de ser parte de importantes ilícitos.

Seguramente, la polémica continuará por su propio carril. Unos dirán que sólo los otros son los malos de la película y algunos recurrirán al remanido argumento de siempre, amparándose en una supuesta persecución política.

La mayoría de la gente toma posición. Los fundamentalistas creerán lo que prefieran, pero la ciudadanía independiente, esa que inclina la balanza, escuchará a los especialistas y a los que muestren información fehaciente.

Lo jurídico también seguirá por su propio andarivel, especulando con nulidades y apelando a cualquier tipo de ardid que permita que los involucrados esquiven las consecuencias directas de sus inocultables actos.

Resulta imperioso hoy evaluar si este es sólo un suceso aislado, circunscripto a pocos actores y a un instante político determinado o es, tal vez, la punta de un enorme iceberg que esconde mucho más.

Revisando la nómina de los implicados, no sólo de los funcionarios, sino también de los hombres de negocios, es imposible no relacionarlos con otros personajes que ejercen tareas, por aquí, en el Nordeste argentino.

Si bien el Gobierno nacional siempre tiene más poder y el volumen de sus operaciones es superior al de cualquier otro, no menos cierto es que la política genera un entramado muy federal con bifurcaciones inagotables.

En ese contexto, sólo releyendo la lista de firmas comprometidos en este proceso, es fácil advertir que varias de esas compañías operaron y lo siguen haciendo actualmente en estas latitudes.

Sería muy ingenuo pensar que, con semejante impunidad, han logrado encriptar geográficamente su perverso accionar y que no han sido avariciosos a la hora de expandir sus tentáculos en todo el territorio.

Puede que no existan, aún, pruebas contundentes al respecto, pero eso no es suficiente para descartar de plano esas posibles vinculaciones locales ya existentes, no sólo en el Nordeste, sino también en el resto del país.

Es más que deseable que la investigación vaya entonces a fondo y que no sólo se quede con lo que ya ha sido descubierto, sino que aproveche la circunstancia para recorrer la totalidad de las vertientes.

Todos saben que la corrupción no es patrimonio exclusivo de una facción política. Creer en eso, además de un infantilismo, sería malversar la realidad intencionalmente desconociendo las raíces profundas del problema.

Esta aberración estructural impregna todos los niveles configurando una dinámica cultural difícil de erradicar. Pero sería un grosero error escudarse en esa generalización y utilizar ese perverso recurso para justificar cualquier participación en estos inaceptables procesos de estafa institucionalizada.

No es una locura ciudadana soñar con que este incidente puntual sea el punto de partida para que se desarticulen las pérfidas prácticas de vieja data que llevan décadas de vigencia y que siguen intactas en la actualidad.

El obsceno modus operandi que ha sido desnudado ahora, seguramente se replica por aquí, aunque probablemente con otros protagonistas y a una escala algo menor, tanto en los niveles provinciales como municipales.

Puede que esta sea la oportunidad para terminar con este despropósito. Los ciudadanos están expectantes y no pierden la ilusión de que, esta vez, todos los malandras, incluidos los locales, tengan su merecido.

Va siendo tiempo de que los delincuentes de siempre dejen de burlarse descaradamente de una sociedad saqueada, condenada a la pobreza y al subdesarrollo gracias a las andanzas de estos rufianes de guante blanco.

Los políticos honestos, los funcionarios probos, los empresarios con mayúsculas y los esforzados miembros de la sociedad tienen la indelegable responsabilidad de hacer lo imposible para evitar que estos bandidos ensucien a todos y caminen por las calles como si fueran gente de bien.