El final del juicio a dos sacerdotes y un ex jardinero imputados por violaciones y corrupción de menores que asistían al instituto Antonio Próvolo, previsto para el lunes próximo en Mendoza, era esperado con mucha expectativa en la comunidad y distintos organismos que aguardan fallos condenatorios que puedan convertirse en “un ejemplo y referencia en el mundo”.
Así lo señaló en diálogo con Télam la diputada radical Daniela García, una de las primeras en escuchar las denuncias de los vejámenes en la Legislatura provincial y quien llevó el caso a la Justicia.
“Mendoza será un ejemplo y referencia en el mundo”, auguró García, al recordar denuncias similares por abusos sexuales cometidos por sacerdotes en ciudades como Verona, en Italia; o en La Plata, donde nunca se llegó a una instancia de juicio oral.
Luego de tres años de investigación, la Justicia decidirá la culpabilidad o no de los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y del jardinero Armando Gómez (51), acusados de “abusos sexuales con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, y contra niños hipoacúsicos”, cometidos en el Instituto Próvolo de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
García fue quien en 2017 escuchó por primera vez a Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas quien, ayudado por un intérprete de señas, le contó en la propia Legislatura los hechos aberrantes que ocurrían en el Próvolo.
Fue un 18 de noviembre de 2016, en medio de una charla sobre los Derechos del Niño en la Legislatura de Mendoza, cuando la senadora (hoy diputada provincial), tomó coraje y llevó la denuncia a la Justicia.
“No me siento protagonista, los protagonistas son ellos”, aseguró y llamó a “mantener esa escucha activa y creer en estas personas porque lo que vivieron fue durísimo”.
García resaltó que “el mundo está pendiente de lo que pasa en Mendoza. Creo que se va a hacer justicia, se ha comprobado todo y por eso se ha pedido una condena ejemplificadora”, al recordar que la fiscalía pidió una pena de 45 años para los sacerdotes, mientras que los querellantes solicitaron la pena máxima, de 50 años.
Sin embargo, fue la defensora oficial Alicia Arlotta quien solicitó la “nulidad” del debate argumentando que se “violó el derecho a la legítima defensa”.
“No hay justicia que repare el daño que le hicieron a estos jóvenes y niños. La justicia es reparadora sobre una gran parte porque si no todo sería mucho peor, pero el daño ya está hecho para toda la vida”, lamentó la diputada.
García valoró la fuerza que tomaron las víctimas para decir lo que les pasó allí adentro y si bien “la reparación nunca será completa para ellos, que al menos exista una justicia les va a aliviar un poco el daño”.
