Esta mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de Comodoro Py, se reanuda el juicio a más de 20 personas detenidas en el marco de la megacausa Sapucay. Será la anteúltima audiencia de este año. El 18 de diciembre se dará por finalizada la primera etapa. Recién en febrero se retomará el caso.
Los juzgados son Carlos “Cachito” Alberto Bareiro, el cordobés Edgardo Javier Coria, Silvina Soledad Ayala (30), pareja de Luis “el Gordo” Saucedo, uno de los narcos más buscados del país, que fue capturado en la ciudad de Pilar, a 360 kilómetros de Asunción, tras un operativo efectuado por la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay (Senad), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Gendarmería Nacional; Angélica Viviana Saucedo (46), hermana de “el Gordo”; Julio César “Yuli” Saucedo (27), miembro de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y hermano de Luis “el Gordo” Saucedo.
Asimismo, Alejandro Ramón Gayoso (47), alias “Cuate” o “Tru”; Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga (52), alias “Negro” y comisario de Itatí; Melanio Mareco Vargas (57); Ezequiel Espinoza, alias “Viru”, y Jorge Eduardo Espinoza (23) alias “Chaquito”, pareja de Dana Bareiro, hija de Carlos “Cachito” Bareiro.
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Revocaron sobreseimiento de imputados por usurpación
El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un recurso de casación interpuesto por la querella del copropietario de un lote en Paso de la Patria frente al río. Ordenó que la causa vuelva al Juzgado Correccional N° 2 que dictó el sobreseimiento para que se resuelva la situación procesal de los imputados.
El querellante, copropietario de un lote en Paso de la Patria presentó un recurso para que se deje sin efecto la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal que confirmó el sobreseimiento de los imputados establecido por la jueza en lo Correccional N° 2. El máximo órgano de Justicia hizo lugar al pedido y ordenó remitir los autos al inferior, a fin de la prosecución de las actuaciones “a la que deberá imprimir mayor celo en el orden y la celeridad en atención al tiempo de proceso”.
Los hechos
Dos hombres compraron un terreno en Paso de la Patria a una empresa donde habitaba una familia que prestaba servicio para esa firma.
Uno de los compradores suscribió con el padre de familia un convenio de desocupación, comprometiéndose a la construcción de una vivienda para que se traslade.
En el 2007 el propietario que firmó el acuerdo murió y la familia imputada en este caso, levantó un cerco ocupando una superficie superior a una hectárea (fracción más valiosa del fundo, frente al río Paraná). Además colocaron carteles de propiedad privada e impidieron el acceso al inmueble. En el primer voto, el doctor Alejandro Alberto Chaín consideró que las personas juzgadas abusaron de la confianza depositada en ellos. Este razonamiento surgía porque habiendo sido autorizados a continuar en el inmueble como tenedores precarios, por un lado desconocieron la posesión de los dueños, incluso cuando éstos ejercieron evidentes y notorios actos posesorios por sí o por medio de terceros.Y por otro lado alambraron una fracción del terreno lindante al río, iniciaron juicio de prescripción, y soslayaron que detentaban la ocupación en nombre de los propietarios verdaderos.
En este marco, consideró que “como ya tiene dicho este Superior Tribunal (…) Debemos recordar que la ley penal busca la protección del poseedor o tenedor del bien inmueble, sin pretender inmiscuirse a determinar quién tiene mejor derecho sobre el bien, el juez penal solo se limita a determinar si se han configurado algunos de los verbos comisivos del tipo, el mejor derecho sobre el bien lo determinará el juez civil…”. (Edgardo Alberto Donna, El Código Penal y su interpretación en la Jurisprudencia, Tomo III, arts. 162 a 185, ed. 2004, pág. 785) (Ver sentencia 67 del 13/08/2014)”, dijo.
El voto fue acompañado por los doctores Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz.
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