La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de financiamiento político que permite que las empresas privadas puedan aportar dinero a las campañas y bancariza esas colaboraciones, con el objetivo de que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas.
El plenario legislativo aprobó en general el proyecto por 148 votos contra 69, con lo cual cumplió con el requisito constitucional de la mayoría absoluta, que en Diputados implica 129 votos positivos.
El proyecto fue aprobado con el respaldo de Cambiemos, el massismo, y Alternativa Federal -que responde a gobernadores peronistas- y provinciales y el Frente Cívico de Santiago del Estero, mientras fue rechazado por el kirchnerismo, Red por Argentina y la izquierda. En la votación en particular la Coalición Cívica -que integra la alianza gobernante Cambiemos- votó en contra de permitir el aporte de empresas y por esa razón los artículos 4, 5 y 6 referidos a esos puntos contaron con 135, 136 y 138 votos, respectivamente.
El proyecto -que eliminó la prohibición que había al respecto- establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.
Uno de los puntos centrales es que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus contribuciones.
En ese sentido, la iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2 % de los gastos autorizados por la ley. Además, determina que no podrán realizar donaciones los entes estatales, los contratistas del Estado ni aquellos que exploten juegos de azar.
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